Francisco Camps se sentará en el banquillo de los acusados por la adjudicación presuntamente irregular del montaje de un stand en la feria de Fitur de 2009. El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana por los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias. Este último movimiento, contra el que no cabe recurso, se produce apenas unos días después de que la Sala de lo Penal rechazara el recurso que presentó el exlíder popular contra su procesamiento del pasado mes de julio.
El instructor de la trama Gürtel rechaza, no obstante, acusarle por delito de malversación de caudales ya que no se incluyó este tipo penal en la pieza quinta del caso relativa a esta investigación concreta. La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio de prisión para él al considerar que desde la Generalitat se dieron instrucciones verbales a sus subordinados -y especialmente a la Directora General de Promoción Institucional Salvadora Ibars- para que el montaje del stand Grandes Proyectos de la feria fuera a parar a las empresas de Francisco Correa.
En su auto De la Mata considera que queda acreditado que esta licitación se produjo "con el fin de favorecer los intereses económicos de Orange Market y para contentar a sus gestores ante la elevada deuda acumulada hasta el año 2008 en favor de dicha mercantil por la celebración de actos del Partido Popular". Añade que el empresario Álvaro Pérez 'El Bigotes' y el exgerente de Orange Market Cándido Herrero se concertaron con Camps, siempre bajo la supervisión de Correa, en aras a facilitar esta adjudicación que se habría producido al margen del procedimiento oficial.
"Multimillonaria deuda" con Correa
El magistrado precisa que todos los acusados en esta pieza quinta de la causa actuaron para que este proceso no lo gestionara directamente la Agencia Valenciana de Turismo, como había hecho hasta el momento, sino directamente Presidencia a través de su órgano de Promoción Institucional a cuyo frente estaba Ibars. Todo ello lleva al magistrado a concluir que existe un "arsenal de indicios muy consistentes" que permiten acreditar el presunto amaño en la edición del año 2009. "Y lo hizo para favorecer a Orange Market, como venía haciendo desde 2005 a cambio de su paciencia y su resignación ante el impago de la multimillonaria deuda que el PP" acumuló con el grupo de Correa.
Respecto a los tipos penales, el juez explica que, en lo relativo a la prevaricación, existieron "actos verbales" de que el montaje de la feria fuera a parar "lisa y llanamente" a Orange Market prescindiendo "total y absolutamente del procedimiento establecido por la ley". Respecto al delito de fraude que incluye la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, De la Mata explica que no se descarta que Camps y Dora Ibars acordaran "un plan criminal" y pusieran en marcha "ciertos artificios" con la finalidad de llevarlo a cabo. Sobre el tráfico de influencias que incluye el escrito de la acusación popular, el juez también entiende que es razonable por la influencia que ejerció en Ibars.
Las confesiones de Costa
Camps pidió el archivo de su causa alegando que se trata de una pieza que estaba cerrada y que se reabrió tras las confesiones efectuadas por el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio de la rama valenciana de la Gürtel. En concreto, apuntó por primera vez, que existió una financiación irregular en el PP valenciano; un versión que ratificaron otros acusados en dicha vista y que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar la reapertura de esta pieza.
Cabe destacar que en su declaración en sede judicial el pasado mes de febrero, Camps negó por activa y por pasiva tener relación alguna con El Bigotes y dijo que fue a su boda fue porque se lo pidió Ricardo Costa. Igualmente apuntó que la gestión se hizo arreglo a la normativa y que no se produjo ninguna irregularidad con esta licitación. "Fue una gestión impecable y extraordinaria", apuntó el exmandatario valenciano.
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