Apenas unas horas después de conocer su citación como investigado en la trama Gürtel, Francisco Camps ha anunciado que recurrirá la decisión del magistrado José de la Mata porque "no hay una sola declaración ni directa ni indirecta" que le vincule con los contratos que están bajo sospecha y que consisten en unas adjudicaciones que concedió la Generalitat Valenciana a la empresa de Francisco Correa en la feria de Fitur de 2009.
Según alega su defensa, "no hay un hecho concreto ni un fundamento jurídico" que sostenga la imputación, la cual se produce por los delitos de prevaricación y fraude en el marco de la pieza número 5 de esta trama. A pesar de que estaba archivada provisionalmente, se volvió a reabrir después de que los principales acusados en el juicio de la rama valenciana apuntaran, por primera vez, que sí existió una financiación irregular en el PP regional, situando detrás de la misma a Camps.
Lo que busca averiguar el instructor, de acuerdo con el auto dado a conocer este lunes, es si la contratación con Orange Market por parte la directora de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana Dolors Ibars, se hizo de manera directa o por orden de su "autoridades superiores", en referencia, sin mencionarlo, al entonces presidente de la Generalitat.
Al respecto, la defensa del exlíder del PP valenciano asegura que la Fiscalía buscaba imputarle por estos hechos ocurridos hace ahora diez años y ya lo intentó en la bautizada como causa de los trajes. En ese caso tanto el juez instructor como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana denegaron estas pretensiones en diversos autos emitidos entre 2009 y 2011. Aunque no hubo imputación por las adjudicaciones, sí que acabó que en el banquillo de los acusados junto con Ricardo Costa por haber recibido trajes regalo de la trama si bien ambos resultaron absueltos.
Precisamente su defensa se remonta a esta vista oral para asegurar que ninguno de los altos cargos de la administración autonómica que declararon durante la misma apuntó que habían recibido órdenes u encargos acerca de la necesidad de contratar con la mercantil de Francisco Correa. También expone que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a Orange Market y a otras relacionadas con la misma justificando la legalidad del procedimiento.
¿De dónde vinieron las órdenes?
Sin embargo la Sala de la Audiencia Nacional, tras recibir la petición de Anticorrupción, ordenó al juez instructor reabrir esta parte de la investigación de cara a esclarecer de dónde vinieron las órdenes para adjudicar este contrato público a la mercantil puesto que Ibars, que también ha sido imputada por estos hechos, no tenía capacidad por el cargo que ostentaba de tomar este tipo de decisiones.
El abogado del expresidente valenciano reprocha a Anticorrupción que no solicitara deducir testimonio de su cliente después de que este prestara declaración -como testigo- en el juicio de la rama valenciana. Añade que si advirtió la comisión de alguna irregularidad tendría que haber propuesto reabrir el caso en su momento teniendo en cuenta, además, que Camps declaró después de los investigados; esto es, después de que Francisco Correa, Ricardo Costa o Álvaro Pérez 'el bigotes' le señalaran directamente como el responsable de esa presunta caja B en el PP valenciano.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios