Los pormenores de la compra de Emissao en 2013 por parte del Canal de Isabel II siguen siendo objeto de investigación en la causa Lezo. En esta ocasión, el magistrado instructor Manuel García Castellón ha escuchado el testimonio del que fuera director financiero del Canal Luis Gonzalo González el cual ha explicado que el pago por la adquisición de la brasileña de 25 millones de dólares se abonó en Suiza por motivos de seguridad ante la inestabilidad existente en el país sudamericano.
Según explican a este diario fuentes presentes en la declaración, Gonzalo ha defendido en calidad de testigo los detalles del abono de la operación así como el 'modus operandi' de la compra de la brasileña con la que se habrían desviado cerca de 6 millones de euros de la empresa pública de aguas, de acuerdo con las sospechas del magistrado instructor. Gonzalo, que figura en la actualidad como apoderado en el Canal, ha precisado en sede judicial que la operación se efectuó mediante la sociedad pantalla de Uruguay Soluciones Andinas del Agua por motivos fiscales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó citarle a finales de enero a petición de la defensa de la exdirectora financiera de la empresa pública de aguas María Fernanda Richmond de cara a perfilar los últimos flecos de esta pieza número 1 de la causa que se sigue por irregularidades en el Canal antes de finalizar la instrucción de la misma. Al respecto, el exdirectivo ha explicado que incluso en un primer momento se estudió la posibilidad de utilizar una empresa panameña para formalizar el pago -como se hizo con la compra de Inassa- si bien al final se decantó por esa segunda opción por ser la más ventajosa. Cabe destacar que la compra no se efectuó directamente desde la empresa madrileña de aguas sino que participaron en la misma la propia Inassa y Canal Extensia.
Precisamente la defensa de Richmond solicitó al instructor que citara a Gonzalo para poderle preguntar en sede judicial por el correo que envió en febrero de 2013 a la exdirectiva en el que le informaba de las alternativas de compra que expuso entonces el Banco Santander. Entre ellas se proponía el envío de dinero de Panamá a Brasil así como la creación de "una sociedad vehículo" en el país latinoamericano para capitalizarla y proceder a la adquisición "a través del nuevo vehículo creado", de acuerdo con la misiva que venía firmada por Luis Marín Moreno, director de Instituciones-Territoral de Madrid de dicha entidad.
De hecho, el juez acordó la citación del propio Marín Moreno así como de Daniel Carmona, representante en España de la entidad colombiana Corpbanca, en tanto que el 50 por ciento de la financiación que recibió Inassa para comprar Emissao provino de este banco. Las mismas fuentes han explicado que su declaración no se ha prolongado en exceso puesto que ambos han expuesto que, en realidad, no guardaron mucha relación con este proceso de compra, por lo que no han podido ofrecer más detalles concretos del mismo.
La deuda de Inassa no computó en los presupuestos del Canal
Por su parte, Gonzalo ha sido preguntado también por si computó la deuda de Inassa en los presupuestos del Canal, a lo que el exdirectivo ha respondido que no fue así porque en esa fecha solo se reflejaba en las cuentas el devenir de las sociedades del Canal en España y no las del extranjero. La normativa se modificó a partir de 2017 a tenor de un informe de la Abogacía del Estado y con la misma se cambió el criterio vigente en el Canal. Con todo, el magistrado Manuel García Castellón expuso el pasado mes de octubre que existían documentos de sobra en el sumario de la causa que vendrían a demostrar una sobrevaloración del precio de adquisición de Emissao así como la existencia de mordidas de 5,8 millones de euros que se repartieron entre cargos públicos y personas vinculadas a Inassa.
Con todo, la instrucción de esta parte de la causa estaría cada vez más próxima de tocar a su fin, de acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por La Información, según las cuáles la Fiscalía Anticorrupción ultima ya esta parte concreta del caso Lezo en la que se investigan irregularidades de la compra de Inassa y de Emissao durante los gobiernos madrileños de Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, respectivamente. De hecho, el Ministerio Público propondrá al juez dividir a su vez esta primera pieza del caso en dos partes al tratarse de operaciones completamente diferentes y separadas en el tiempo puesto que pasaron 12 años entre la ejecución de una y otra.
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