El pleno del Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno de España, por unanimidad, que proceda a la derivación a centros de la península de los inmigrantes que llegan a las islas por vía marítima, a fin de garantizar sus derechos. "Canarias no puede convertirse en una prisión", las islas ni son el destino final al que quieren llegar estas personas "ni tiene capacidad para soportar esta presión", ha defendido la diputada de CC-PNC Socorro Beato, que promovió este pronunciamiento del Parlamento de Canarias.
Canarias ha recibido en la primera quincena de septiembre el flujo más intenso de llegadas y rescates de pateras desde que terminó la crisis de los cayucos de hace una década, con 1.277 inmigrantes atendidos en sus costas desde el 1 de septiembre, una cifra sin precedentes desde 2008. El rescate de un cayuco con 44 ocupantes realizado la pasada madrugada por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria ha elevado el total de llegadas a las islas en lo que va de 2020 a 5.210 personas, repartidos en 192 pateras, cayucos o neumáticas.
La propuesta de CC-PNC aprobada ha sido incorporada como enmienda adicional a una proposición no de ley original del PP en la que se pedía la destitución inmediata del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana (PSOE), por la gestión de la crisis migratoria. La propuesta de destitución del PP fue rechazada con el voto del resto de partidos, excepto Ciudadanos, que se abstuvo.
Además de la derivación de inmigrantes a la Península, el Parlamento de Canarias reclama al Gobierno de España un plan de acogida e integración de estas personas y que se afronte su llegada "desde el punto de vista social y sanitario con las previsiones suficientes en el marco del protocolo covid-19". La Cámara regional pide también que se activen mecanismos con los gobiernos de los países africanos de donde salen las pateras y cayucos para la lucha contra los traficantes de personas y que se ayude a buscar "soluciones de vida" a quienes intentan llegar a España en sus propios lugares. Los grupos también coinciden en que se suscriban convenios con los países de origen o tránsito de la inmigración irregular para la vigilancia y control de los espacios marítimos y piden que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) controle con efectividad las fronteras en la ruta atlántica.
Canarias todavía está muy lejos de las cotas que se alcanzaron en el apogeo de la llamada "crisis de los cayucos", cuando llegaron a las islas 31.678 personas en 2006, 12.478 en 2007 y 9.191 en 2008. Pero las cifras actuales se encuentran ya en unos niveles que solo encuentran comparación en aquel episodio, que terminó en 2009, cuando la entrada de inmigrantes por mar cayó a 2.246. En lo que va de año (hasta el 15 de septiembre), han llegado a Canarias seis veces más personas en patera que en 2019 a la misma fecha, cuando se registraban 837 inmigrantes en 63 embarcaciones. Y los 1.277 llegados en los primeros quince días de septiembre equivalen, por ejemplo, a todo 2018, el primer año en el que la Ruta Canaria dio signos de estar reactivándose, con 1.307 llegadas, o a la suma de cinco primeros ejercicios completos tras la crisis de los cayucos, de 2010 a 2014 (1.201, 196 + 340 + 173 + 196 + 296).
Ese flujo tan intenso en quince días ha terminado por desbordar la red de acogida en Canarias, que ya se veía sobrepasada desde hace meses por una combinación de factores: más llegadas, necesidad de más espacios separados por los protocolos de la Covid, nulos o escasos traslados a la Península e imposibilidad de realizar repatriaciones a los países con los que existen convenios de devolución, como Marruecos o Mauritania, debido también al coronavirus.
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