Canarias reclama un fondo de compensación por la financiación autonómica

Santa Cruz de Tenerife, 8 jul.- El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo central que se cree un fondo de compensación para las comunidades autonómas perjudicadas por su decisión de no abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, lo que supone les afecta en 800 millones de euros anuales según la media por habitante.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, dijo en el Parlamento autonómico que la mejor solución sería la revisión del sistema, pero en tanto no se aborde debe haber compensaciones para Canarias, que es la comunidad peor financiada.

El Gobierno central "ha dado prioridad al calendario electoral frente al compromiso de modificar la financiación autonómica", denunció el consejero, y subrayó que con estos fondos se sufragan los servicios públicos de sanidad, educación y políticas sociales.

El agravio entre las comunidades autónomas no lo provoca el debate sobre un nuevo modelo de financiación, sino que ya existe y se incrementa con el paso del tiempo por la discriminación que supone para los ciudadanos canarios mantener el sistema vigente, advirtió.

"El Estado pretende continuar con la vulneración de un principio constitucional que le obliga a velar por la equidad en el reparto de los recursos entre los ciudadanos vivan donde vivan", agregó González Ortiz.

Subrayó que la norma reguladora del actual sistema obligaba a su modificación con efectos del 1 de enero de 2014.

El consejero consideró que al perjuicio que para Canarias supone el actual sistema se suma el anuncio de una rebaja del IRPF "diseñada para el votante y no para el contribuyente" y que perjudicará a los ingresos de las comunidades autónomas, que reciben el 50 por ciento de esa recaudación.

"Estamos de acuerdo con una rebaja de impuestos, pero no a costa de los servicios públicos ni de una disminución de recursos autonómicos", dijo.

Denunció que "mientras se compromete la financiación de las comunidades autónomas por la vía de la rebaja impositiva y por la negativa a modificar el modelo de financiación, la administración central vuelve a reducir nuestra capacidad de gasto con un objetivo de déficit del 0,7 por ciento en 2015".

"El peso del ajuste cae una vez más sobre las comunidades autónomas mientras el Estado se reserva el mayor margen y no tiene intención de disminuir su gasto estructural", sostuvo González Ortiz.

La diputada del PP Mercedes Roldós justificó el cambio de opinión del Gobierno central respecto a la reforma de la financiación en que "ni el clima político ni el momento económico de incipiente recuperación es el más propicio para una reforma de consenso".