Cañete deja en evidencia el retraso de España en la rehabilitación de viviendas

  • La Comisión Europea quiere que las medidas de eficiencia energética se apliquen en todos los edificios públicos, sean alquilados o en propiedad
Panel solar experimental
Panel solar experimental
UPCT - Archivo

España está de enhorabuena. Por primera vez dispone de planes serios para hacer frente al cambio climático. Lo reconocen instituciones como la European Climate Foundation, que ha otorgado al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) enviado por el Gobierno a Bruselas la mejor nota de entre los 28 países miembros de la UE, por delante de Francia, Grecia y Suecia. Pero no es oro todo lo que reluce. El plan no contempla medidas para rehabilitar el parque de viviendas. En este apartado, no puede presumir de medallas. La UE ha aprobado apenas hace unos días una recomendación relativa a  la renovación de edificios destinada a los Estados miembros que no deja en buen lugar a España.

El documento, firmado por el comisario de Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete, trata de ser una guía para que los socios de la UE actúen sobre el parque de viviendas y reduzcan el consumo de energía de los edificios, ya que representan un 40% del consumo final de energía. Entre otras medidas, el documento recomienda mejorar la eficiencia de todos los edificios públicos. No sólo los de la Administración central, sino los de todas las Administraciones Públicas, sean alquilados o en propiedad.

La recomendación de Cañete recoge también una lista de las buenas prácticas que se están llevando a cabo en los diferentes países miembros: desde la financiación de las rehabilitaciones a través de un banco público (Alemania) a la mejora en los cálculos de ahorro energético, certificaciones, etc.; desde el mejor empleo de los contadores inteligentes al impulso de las hipotecas de eficiencia energética.

Buenas prácticas

En esas buenas prácticas, el documento sólo menciona a España en una ocasión. Lo hace para destacar la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de formar parados en eficiencia energética, asesorar a miles de hogares y crear puntos de información frente la pobreza energética. No hay más menciones. Y tiene sentido que no las haya porque la rehabilitación de edificios está prácticamente paralizada. Es una asignatura pendiente. Aunque  la mayoría de edificios tienen una calificación E, F o G -el 84% del parque es ineficiente- y hay mercado, la demanda es limitada: se rehabilita cuando hay problemas.

La realidad, sostienen  los expertos, es que la rehabilitación de edificios no despega porque la Administración no acaba de tomarse en serio su importancia. A pesar de que organizaciones empresariales y sectoriales como la CEOE o la Confederación Nacional de la Construcción han subrayado su trascendencia, en términos de ahorro y de creación de empleo, apenas si hay avances.

El marco normativo está oxidado. Se cae a pedazos. El Código Técnico de Edificación data del año 2006. El Gobierno de Mariano Rajoy elaboró un proyecto para su modificación en el año 2018, pero está pendiente de adaptarlo a la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios. Además, la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación vigente tiene cinco años y, en contra de la corriente, apuesta por la rehabilitación utilizando gas en las áreas urbanas y biomasa en las rurales. No hay apuesta real por las energías renovables.

La cruz de la moneda

Es la cruz de la moneda que intenta poner en circulación la UE: las renovables como piedra angular de la nueva economía y también de la edificación. La recomendación del comisario Cañete explica que la legislación de la Unión no recoge ninguna definición de lo que es un parque inmobiliario "descarbonizado". Pero propone una: parque descarbonizado sería "aquel cuyas emisiones de carbono se han reducido a cero" y que "utiliza fuentes de energía sin emisiones de carbono en la medida de lo posible".

Bruselas empuja y empujan también algunas comunidades autónomas. Es el caso de Cataluña, Baleares, País Vasco y también Navarra. Las comunidades autónomas están aprobando o anunciando -caso de Navarra- leyes medioambientales que superan en muchos puntos los objetivos adelantados por el Gobierno central en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Las autonomías aprovechan que tienen competencias exclusivas en urbanismo y en vivienda para avanzar en la introducción de las energías renovables e integrar el concepto de sostenibilidad energética en las políticas públicas.

Es un camino arduo. La normativa vigente no incentiva la eficiencia energética. En 2013, con la reforma eléctrica, el Goobierno aprobó una subida del 92% en la parte fija del recibo -la potencia contratada-. El consumo perdió peso en la factura. Menos  incentivo para ahorrar. Y aún queda otro elemento en la ecuación: la eficiencia y el ahorro implica menos ingresos para las grandes compañías del sector. Pero eso es otra historia.

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