La ausencia de un plan de actuación común en todos los juzgados de España en las primeras horas de la crisis del coronavirus ha generado auténtico malestar entre los miembros de la carrera judicial. La respuesta inicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado miércoles en la que se contemplaban diferentes escenarios por territorios provocó la rápida reacción de las asociaciones de jueces y fiscales que advirtieron que se debía haber tomado una decisión unilateral para todas las demarcaciones. La crisis llevó a los principales actores con el Ministerio de Justicia a la cabeza a cerrar ya este viernes un catálogo de actuación igual para todo el país, pero no aplacó las voces discordantes con la gestión de Carlos Lesmes.
Una de esas voces es la de la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Natalia Velilla. Por su juzgado pasa todos los días no solo personal de la Administración de Justicia sino abogados que vienen de todas partes de España por lo que, a su parecer, es ilógico paralizar la actividad profesional por zonas. "La Justicia es muy móvil. Es absurdo parcelarlo de esta manera", dice la también miembro de la ejecutiva de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Responde de esta forma a la respuesta que adoptó el miércoles la Comisión Permanente del CGPJ que planteó de manera inicial dos escenarios de actuación en función de los territorios donde más contagios ha habido por el coronavirus.
En estos casos, dejaban en manos de los jueces la decisión de suspender todas las actuaciones procesales pendientes, siempre previa autorización de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional. En el segundo supuesto se acordaban medidas mucho menos férreas: realizar los señalamientos con tiempo suficiente y limitar la entrada de público a los juicios que se celebren. El hecho de que el CGPJ no abogara por acordar una solución unánime a todo el territorio nacional hasta 48 horas después de este anuncio derivó en que cada juzgado presentara un panorama diferente en función de lo que decidieran sus jueces titulares.
Velilla explica sobre este punto que existe una "absoluta confusión" ahora mismo en la carrera judicial y que, a excepción de aquellos asuntos que realmente requiera de una resolución urgente, el resto de actividad judicial debe paralizarse en beneficio de un bien mayor, como es garantizar la salud de todo el personal de la Administración de Justicia. "Los jueces no somos los más damnificados, sino los funcionarios. Se está jugando con la salud de mucha gente. En mi juzgado había 1.000 personas ayer", explica la magistrada. Su voz se une a las críticas formuladas en bloque por las cuatro asociaciones de jueces y de la tres de fiscales que hablaron de situaciones de "verdadero pánico" entre el funcionariado.
Ello les llevó a pedir la rápida modificación de la "insatisfactoria, tardía y confusa" respuesta o, de lo contrario, la dimisión de Lesmes. La Unión Progesista de Fiscales (UPF) se desmarcó de este requerimiento pero también pidió que se suspendieran los señalamientos no urgentes en todos los juzgados de España. Los juristas consultados por este diario consideran que, sin obviar que la Justicia es un servicio público, la prioridad ahora debe ser garantizar el menor número posible de contagios de un virus que ha llevado al Gobierno a decretar el estado de alarma. Y ello tanto en las zonas más afectadas (País Vasco, la Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada) como en el resto del territorio.
¿Qué pasa con los juicios suspendidos?
La rápida reacción de las asociaciones vino seguida de una respuesta más contundente por parte de los principales órganos jurídicos del país. Así, la Audiencia Nacional acordó suspender todas las actuaciones judiciales programadas en las próximas dos semanas a contar desde el lunes. Esto quiere decir que quedan en el aire los juicios de Ausbanc, Pescanova, el que se sigue contra Josep Lluis Trapero o el de la pieza de la Gürtel relativa a la visita del Papa a Valencia en 2006. Sin embargo, antes de que el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ordenara esta diligencia, cada tribunal había optado por una decisión diferente.
Es por ello que, mientras se decidió seguir con el juicio de Ausbanc, el tribunal que juzga a Trapero determinó que lo más coherente era que los acusados lo siguieran por videoconferencia desde Barcelona. En Gürtel sin embargo, se miró más a largo plazo acordando el cese de la vista por un total de 29 días. Esta cifra no es baladí puesto que, de acuerdo con el artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el aplazamiento de un juicio tiene un límite máximo de 30 días. De superarse el plazo legal, éste tendría que empezar de nuevo.
Corrección del CGPJ
Por ello los juristas proponen que, en los días que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, no solo se debería suspender toda actividad judicial que no sea de carácter urgente sino que, además, habría que declarar inhábil este período. De este modo consideran que se evitarían males mayores al no obligar a los abogados y funcionarios de la administración de Justicia a presentar escritos, recursos y demás documentos manteniendo la fecha límite señalada antes de que arrancara la crisis. Ello evitaría también visitas innecesarias a un juzgado teniendo en cuenta que los señalamientos de los jueces son de obligado cumplimiento. "Yo puedo decidir no ir al supermercado, pero no puedo decidir no ir a una citación judicial", precisa al respecto Velilla.
Sea como fuere, este mismo viernes el CGPJ modificó posiciones y anunció la puesta en marcha de un tercer escenario que acabó cerrándose ya en la tarde de ayer. A la espera de conocer las medidas concretas que acuerde el Consejo de Ministros, esta nueva vía va más en la línea de lo reclamado por la Carrera Judicial y garantiza la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas en todos los juzgados del país, garantizando eso sí los servicios esenciales de la Administración. Se te trata de un acuerdo alcanzado entre el órgano de gobierno de jueces, la Fiscalía y el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo. Entre los servicios urgentes se encuentran la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer o las medidas de protección de menores.
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