Carlos Fabra solicita documentación necesaria para poder acogerse al tercer grado

El que fuera presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, que cumple condena en la cárcel madrileña de Aranjuez por el 'caso Naranjax', ha solicitado documentación necesaria para poder acogerse al tercer grado.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el pasado 17 de julio la sección primera de la Audiencia de Castellón recibió un escrito de Carlos Fabra en el que se pedía un certificado de las cantidades abonadas para hacer frente a la responsabilidad civil a la que fue condenado.

La solicitud de este certificado se realiza para poderlo aportar a la junta de tratamiento penitenciario.

Las mismas fuentes explican que el tercer grado -o cualquiera otra situación penitenciaria- no es competencia de la Audiencia de Castellón, sino que las peticiones las resuelve el juzgado de vigilancia penitenciaria con competencias sobre la prisión en la que se cumple la pena.

Se da la circunstancia de que el exidirigente 'popular' cumplirá 70 años el próximo 2 de agosto, y que el nuevo Código Penal prevé que el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado "por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad".Condenado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública

Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por el 'caso Naranjax' e ingresó en diciembre del año pasado en la cárcel de Aranjuez después de que el Gobierno acordara denegar su petición de indulto.

La Audiencia de Castellón condenó a Fabra, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, a una multa de 693.074,33 euros y a indemnizar a Hacienda con la misma cantidad por el total de la cuantía defraudada durante los ejercicios 1999, 2000, 2002 y 2003 más intereses legales.

La sala apreció la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. La petición de cárcel para Fabra por parte de Fiscalía llegó a alcanzar los 13 años de prisión, una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Sin embargo, la sentencia le absolvía de los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El origen del proceso se situó en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios.

A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto.