Aunque las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pasado por muchas fases, corresponde ahora al Partido Popular mover ficha en este asunto. La formación que lidera Pablo Casado tiene en su mano responder a los reclamos del Ejecutivo, y en concreto del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para dar un paso más y desatascar de manera definitiva el punto muerto en que se encuentra la situación desde el intento fallido de renovación hace poco más de dos años; el mismo tiempo que lleva en funciones el órgano de gobierno de jueces que preside Carlos Lesmes.
Fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por La Información explican que el ansiado anuncio de pacto para renovar el órgano parece ser más una cuestión de forma que de fondo. Y es que, a diferencia de ocasiones anteriores, en este caso el escollo del reparto de los 20 vocales está resuelto. De hecho, las fuentes consultadas explican que no ha variado en estos últimos meses, por lo que todo apunta que el cierre del acuerdo está más ligado a una cuestión de estrategia política que judicial. Mientras el Ejecutivo insiste en reiterar públicamente que lo único que falta del acuerdo es hacerlo público, desde la formación popular no están dispuestos a zanjar el asunto si Podemos persiste en sus críticas al Poder Judicial y la Corona.
Al contrario, mantienen las tres líneas rojas que trazaron el año pasado como condición indispensable para dejar paso al nuevo órgano de gobierno de los jueces. No obstante, las posiciones no están tan enconadas como en los últimos meses en los que las desavenencias entre Partido Popular y la formación que lidera Pablo Iglesias hicieron saltar por los aires cualquier posibilidad de pacto, incluido el que estuvo a punto de cerrarse en el mes de julio. Desde entonces, las propuestas del Ejecutivo para modificar las mayorías en la elección de 12 de los 20 vocales o para limitar las actuaciones del CGPJ en funciones, han tensado la cuerda con su negociador. El gesto del Ejecutivo de dejar en barbecho la propuesta para modificar la elección de vocales gusta en el PP pero no es suficiente.
El trasfondo político
Tanto es así que insisten en mantener sus otras dos condiciones como líneas rojas que no pueden modificarse. La primera es la relativa a su negativa a que participe Podemos en el reparto de vocalías y la segunda que se estudie su propuesta para despolitizar el órgano. Las fuentes consultadas explican que el escollo principal por el cual no se ha materializado ya el acuerdo reside en Podemos. Los ataques al Tribunal Supremo por supuesta falta de independencia o sus críticas al Rey Emérito -a quien la Fiscalía investiga por irregularidades en la gestión de su patrimonio- han torpedeado cualquier posibilidad de pacto. Precisamente, este mismo martes se conocía que los letrados del Congreso de los Diputados daban luz verde por primera vez a la comisión de investigación de Juan Carlos I registrada por Unidas Podemos.
No obstante, las negociaciones también se han visto influidas por otras derivadas políticas como la tramitación desde el Ejecutivo de los indultos de los condenados por el 'procés' o el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado. Superados estos tropiezos, el foco se pone ahora en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero pese a las sospechas de un posible aplazamiento de la cita electoral. Así, mientras desde las filas populares han visto estos gestos como una provocación que enmaraña todavía más cualquier posibilidad de entendimiento, desde la otra parte lo entienden como una excusa. Incluso recuerdan que la vocal del actual consejo Concepción Sáez fue propuesta por Izquierda Unida, por lo que no deberían vetar la implicación de Podemos en las negociaciones.
El CGPJ no se detiene
Con todo, el retraso en este trámite también ha provocado grietas dentro del actual Consejo General del Poder Judicial. El propio Carlos Lesmes ha recordado en estos dos años que los principales partidos deben renovar el órgano por mandato legal. Incluso llegó a paralizar en varias ocasiones la hoja de ruta marcada ante la posibilidad de que se cerrara un acuerdo que, a día de hoy, todavía no se ha materializado. La falta de sintonía llevó al también presidente del Tribunal Supremo a advertir que seguirían adelante con la agenda porque así lo estipula la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 570. Dicho y hecho. Tal y como adelantó este diario, los vocales acordaron aprobar nombramientos clave en su último pleno del año, celebrado el 17 de diciembre, siempre y cuando hubiera un consenso mayoritario sobre los mismos.
Así pues, y en paralelo a la tramitación parlamentaria de la iniciativa que busca reducir su actuación en funciones, dieron luz verde por mayoría cuatro puestos clave de la cúpula judicial. Entre ellos se encuentra el de José Pablo Aramendi Sánchez como nuevo presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y otros en diferentes Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León y de Asturias o de la Audiencia Provincial de Cáceres. Además, también emitieron un comunicado instando al Congreso a que recabara su opinión antes de reformar su funcionamiento interno. La agenda prosigue este mismo miércoles en el que será el primer acto del CGPJ en el nuevo año. Los candidatos a presidir ocho audiencias provinciales y la Sala de lo Social del TSJ Balear comparecen hoy y mañana ante la Comisión Permanente para exponer su currículum y proyecto.
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