Ante un auditorio formado por 600 de los principales empresarios del país -reunidos en Murcia con motivo del XXII Congreso del Instituto de la Empresa Familiar-, el candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha decidido poner en el escaparate la nómina de exaltos cargos gubernamentales incorporados a sus listas para las elecciones del próximo 10-N como muestra de la fiabilidad de un proyecto político y económico al que las encuestas otorgan cada día un mayor respaldo social.
En apenas seis meses, el candidato popular ha pasado de soltar amarras con la herencia 'marianista' a presumir de su legado. Casado dibujó ante el mundo de la gran empresa un contexto económico preocupante, jalonado por rebajas en las expectativas de crecimiento de la economía española, deterioro en un puñado de indicadores económicos y dificultades para mantener los ritmos de creación de empleo, para ofrecerse después como la solución. "Hemos demostrado en el pasado que podemos gestionar estas situaciones", ha subrayado el candidato popular, "y ahí están en nuestras listas los exministros, exsecretarios de estado y exdirectores generales que lo hicieron posible".
La cesión del timón de las propuestas económicas del PP al analista y consultor de mercados Daniel Lacalle en la campaña electoral del pasado mes de abril causó estupor e inquietud por igual en el mundillo empresarial, más inclinado a los cambios moderados y progresivos que a los cambios revolucionarios que prometían Casado y Lacalle. De repente el PP pasó a defender eliminaciones masivas de impuestos, rebajas generalizadas de los más importantes e incluso jugueteó con cambios estructurales en el sistema público de pensiones. "Si todo está muy bien, pero me preocupa quién va a pagar todo esto", señalaba irónicamente algún empresario en esos días. El PP pasó de encarnar el 'puerto seguro' en política económica en el que tradicionalmente han confiado los empresarios aun foco de incertidumbre...y esa percepción acabó llegando a la calle Génova.
Casado ha vuelto a defender este martes ante los empresarios algunas de las medidas ya adelantadas en abril, como la supresión de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, la rebaja del marginal máximo del IRPF al 40% o la del tipo de Sociedades al 20%, pero las ha enmarcado en un compromiso de estabilidad presupuestaria y cumplimiento con los parámetros de reducción del déficit y de la deuda pública exigidos por la Unión Europea que le aportan un nuevo barniz de realismo.
El líder popular se ha vendido a los empresarios como el único candidato que puede sacar el país del bloqueo político e institucional en el que se mueve desde hace meses. "Hemos demostrado en Andalucía, Murcia o la Comunidad de Madrid que somos los únicos capaces de pactar a izquierda y derecha, y desbloquear la formación de gobiernos donde otros no son capaces de llegar a acuerdos y pactos", ha recalcado Pablo Casado, en referencia a la principal preocupación manifestada por los empresarios en la encuesta que se les realizó durante la jornada del lunes: los problemas para garantizar la gobernabilidad en España.
La factura de la inestabilidad territorial
Eliminar barreras burocráticas, abordar una segunda fase de reducción del tamaño de la Administración, mediante la eliminación de empresas públicas; garantizar un marco administrativo que permite la creación de empleo en un plazo no superior a cinco días; la eliminación de las trabas normativas, administrativas y sindicales que dificultan el crecimiento de los proyectos empresariales; menos impuestos; y un marco laboral flexible, constituyen el corpus del plan económico que el PP de Pablo Casado detalló a los empresarios. Un plan que, dijo, permitiría crear 300.000 nuevos puestos de trabajo y apuntalar la estabilidad de la economía española y los presupuestos públicos.
Pero más allá de sus propuestas, Casado manifestó de nuevo su preocupación por el problema territorial y la situación en Cataluña, que, dijo, no sólo ha expulsado de Cataluña a 5.400 empresas sino que según sus cálculos ha detraído más de 1.000 millones de euros de actividad económica y ha costado 8.000 puestos de trabajo.
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