Casi 10.000 viviendas de protección pública vacías están disponibles para su uso, según el defensor del pueblo

El estudio sobre viviendas públicas vacías realizado por el Defensor del Pueblo concluye que un total de 9.752 viviendas con algún tipo de protección pública gestionadas por las comunidades autónomas están disponibles para su uso.
Los datos del estudio, presentados este martes por la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Congreso de los Diputados, reflejan que sólo contando las gestionadas por las comunidades autónomas, existen más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública.
En opinión de la institución, resulta “ineficiente” y “poco aceptable” que haya viviendas públicas vacías (un total de 13.500) cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada.
La defensora del Pueblo también aprovechó su intervención para recordar la labor de mediación que realiza la institución que dirige. En este sentido, recordó las recomendaciones formuladas para modificar la Ley de Tasas Judiciales, que se han traducido en un ahorro sustancial para los ciudadanos.
Así, las tasas variables en todas las instancias se han reducido en torno a un 80 por ciento. En la actualidad, estas tasas no podrán superar los 2.000 euros (antes eran 10.000), y para alcanzar los 2.000 euros el pleito tendría que tener un valor económico de dos millones o más.