El escándalo en el que se ha visto envuelta Cifuentes, tras haber presuntamente falseado sus notas en un máster de la Universidad Rey Juan Carlos, podría tener consecuencias que trascendieran al ámbito político. Con Ciudadanos pidiendo su dimisión y PSOE y Podemos planteando una moción de censura, el destino de la presidenta es más incierto que nunca y con él, los proyectos que pretendía emprender antes de que acabara la legislatura. Entre ellos, destaca el ya famoso Campus de la Justicia, quebradero de cabeza de la Comunidad de Madrid desde tiempos de Esperanza Aguirre y cuyos gastos desde 2004 ya están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción.
Desde enero, en la Comunidad de Madrid, se trabajaba en un nuevo proyecto para resucitar el Campus de la Justicia y reagrupar, de una vez, todas las sedes judiciales, tal y como venían reclamando los propios magistrados, así como algunos colectivos de la zona de Valdebebas, que venían el retomar de las obras como una oportunidad de expansión del barrio. El objetivo era, en principio, que se pudiera licitar antes de verano, con el fin de que se aprobara e iniciara antes de concluir la legislatura. No obstante, fuentes regionales reconocen que, con la situación que se plantea ahora el seno del gobierno de la CAM, "ha dejado de ser una prioridad".
"Trabajábamos con tiempos ajustados y tal y como están desarrollándose los acontecimientos es prácticamente imposible que pueda salir adelante esta legislatura. No solo por la situación en la que se encuentra la presidenta, sino por las investigaciones que se están llevando a cabo sobre los anteriores proyectos del Campus de la Justicia. Nosotros queremos que este sea un proyecto transparente y que no sea una sucesión de anulaciones y rectificaciones. Por ello, es preferible no correr y hacerlo bien", reconocen fuentes de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, PSOE, Podemos y Ciudadanos presentaron el pasado marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción basada en un informe de la Comisión de Estudio de la Auditoría del Endeudamiento, del que se deducía que se "ha producido un quebranto a las arcas de la Comunidad que puede superar los 130 millones de euros en forma de contratos formalizados sin concurso, pagos a empresas sin mediar contratos, o pagos por obras no hechas en el Campus de la Justicia" del año 2005 al 2015. Por ello, los grupos parlamentarios en la oposición pedían que se investigaran delitos de administración desleal, apropiación indebida, malversación y falsedad documental, entre otros.
En el informe de la Cámara de Cuentas, se constataba también que la estructura del Campus de la Justicia no seguía "ningún criterio de racionalidad económico-organizativo" y que la sociedad que lo gestionaba presentaba "un claro desequilibrio que se manifiesta en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil". "Hay un edificio construido, pero sin uso, hay unas obras de urbanización sin concluir, un espacio urbanístico sin desarrollar, una empresa de seguridad a la que se sigue pagando por vigilar en recinto, y parece que aún están vivas algunas reclamaciones de diferentes empresas y profesionales", denuncian desde el PSOE.
Cifuentes, en la picota
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, por su parte, reconocen lo complicado del caso, ya que hay mucha documentación que todavía falta por aparecer y que debe "ser examinada con minuciosidad para determinar, si las hubiera, las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos descritos". El PSOE, por su parte, lo tiene claro y apunta directamente a "los responsables de los Gobiernos autonómicos implicados, representados por sus Presidentes (Esperanza Aguirre, 2005-20011; Ignacio González, 2011-2015)" e insisten en que "deben inexcusablemente dar explicaciones de sus actuaciones en relación con el fallido Proyecto Ciudad de la Justicia de Madrid.
Desde Podemos, además, amplían esta acusación a la propia Cifuentes. "Existen indicios identificativos, a pesar de la no colaboración del Gobierno de Cifuentes, que hace intuir con una certeza alta que hay delitos de malversación, prevaricación, falsedad, delitos del código de comercio y contable, que eran de conocimiento del Gobierno actual desde que están en el Gobierno desde hace dos años. Y el Código Penal dice que aquellas autoridades que tengan conocimiento de presuntos delitos están obligadas a poner en conocimiento de las autoridades esos indicios. Y la señora Cifuentes y Garrido no lo han puesto en conocimiento", aseguran desde la formación morada. "La señora Cifuentes tenía muy bien pisada la alfombra donde debajo hay mucha porquería, tropelías, delitos y sobre todo malversación, engaños y falsedad de lo que estaba ocurriendo. La falsedad por lo que vemos es un rasgo básico de Cifuentes por tener currículos académicos falsos", continúan.
Por ello, desde el PP reconocen en privado que el Campus de la Justicia tiene mal desarrollo y lamentan la práctica imposibilidad de que salga a la luz en el tiempo que ellos manejaban. "Estos escándalos perjudican a todos los ciudadanos. El proyecto podría haber dado un impulso al empleo de la Comunidad, así como haber revitalizado la zona de Valdebebas, quienes habían puesto muchas esperanzas en este proyecto. Ahora habrá que esperar para desarrollar algo que comenzó en 2004 y que se ha alargado innecesariamente", concluyen.
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