Conocía pero no disponía. Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía desde 1990 a 2009, el más longevo de la democracia, ha comenzado a declarar este lunes en el macrojuicio del 'caso ERE', que pasa por el tamiz de la Audiencia Provincial de Sevilla el sistema de ayudas a la prejubilación puesto en marcha por el Gobierno andaluz y que repartió 741 millones de euros entre 2001 y 2010.
Además de trabajadores con necesidades legítimas, entre los receptores también se incluyeron personas que nunca habían trabajado en aquellas empresas en quiebra así como muchos intermediadores que operaban en el trasvase de las ayudas desde la Junta de Andalucía. El tribunal sevillano juzga si el procedimiento con el que la Junta de Andalucía repartió aquellas ayudas era legal o fraudulento.
El expresidente ha dicho que conocía pero no disponía el programa 31L -"Del que solo sabía que dependía del Ministerio de Empleo", ha dicho-, por el que se abonaban las ayudas investigadas.
"Conocía que en el Gobierno de la Junta de Andalucías se daban ayudas sociolaborales" pero "cómo se daban yo no lo sabía, no correspondía a mi ámbito político de decisión", ha especificado. Manuel Chavez ha defendido que "en el contexto de confianza de un equipo de Gobierno" existía la convicción de que "cualquier ayuda" que se daba estaba conforme a ley. "Para mí es muy difícil pensar que en cualquier consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley", ha descrito.
El político andaluz, que también ejerció como exministro de Trabajo y Seguridad Social entre 1986 y 1990, ha recordado que durante sus años de presidente se reunió con muchos comités de empresa y sindicatos ante grandes crisis laborales porque "era mi responsabilidad" y "lo anormal es que un presidente del Gobierno no se hubiera reunido con el comité de empresa de Santana o Delphi”, ha puesto como ejemplo.
La declaración de Chaves en el juicio de los ERE se suma a las realizadas en abril ante el Supremo y casi un año después ante el juez instructor Álvaro Martín en Sevilla. En el alto tribunal, el expresidente, quien se dio de baja del PSOE por este caso, defendió su gestión al frente del Gobierno andaluz durante casi dos décadas y reiteró que “en ningún momento” adoptó una decisión “basada en la ilegalidad”. El expresidente negó que supiera que se estaba produciendo un fraude en el programa de ayudas a empresas en crisis.
Acuerdos de concertación
De acuerdo a su relato, la directriz política era que ante estas crisis se creara una mesa de negociación para tratar de salvar a la empresa en primer lugar y paliar los efectos en los trabajadores pero de nuevo ha insistido en que los acuerdos concretos a los que se llegaba en ese marco de negociación, que seguía las líneas de los acuerdos de concertación social con los agentes sociales, no formaban parte de su competencia.
Mediante los siete acuerdos de concertación suscritos desde 1993 hasta 2009 se facilitaba a la patronal y a las organizaciones de trabajadores el acceso preferente a subvenciones excepcionales destinadas a reactivar la economía y a combatir el desempleo. Solo el pacto suscrito por Griñán en 2009 movilizó 19.825 millones de euros.
Este método supuso, según el juez, un desembolso "arbitrario y discrecional" de 855 millones de euros. La Fiscalía ha cifrado el fraude en 741 millones, mientras que la propia Junta ha reclamado el reintegro de 135,3 millones de euros tras la revisión de las subvenciones concedidas de forma irregular.
Chaves se ha sentado en el banquillo solo cinco días después de que lo hiciera su predecesor en el cargo, José Antonio Griñán. La atención mediática se diluye a su turno al coincidir su declaración con el segundo día de la Feria de Abril y fiesta grande hispalense. Ambos expresidentes están acusados de diseñar y mantener este “sistema opaco” de concesión de ayudas. Junto a los expresidentes, el caso imputa a seis exconsejeros, entre ellos Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, y a 14 ex altos cargos.
Las ayudas para financiar pólizas de prejubilación a trabajadores afectados por ERE tenían un objetivo político: el "mantenimiento de la paz social". Este propósito figuraba, con estas mismas palabras, en el convenio firmado el 17 de julio de 2001 que puso en marcha el mecanismo de pago que ha llevado al banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Manos limpias se queda
La Audiencia de Sevilla ha denegado la petición del exconsejero de Empleo Antonio Fernández para que Manos Limpias acreditase la validez del mandato por el que se constituyó como acusación popular, tampoco ha aceptado la reclamación del PP para expulsarla del procedimiento.
Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza 'política' de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses, finalizando en el verano, y hay quien apunta a que podría llegar al año de duración.
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