Caso Iguala centra semana de sesiones en CIDH, que evalúa ayudar en búsqueda

Washington, 31 oct.- El caso de la desaparición de 43 estudiantes hace un mes en México centró la semana de audiencias públicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyeron hoy con la entrega de una petición para que el organismo dé asistencia técnica en la búsqueda de los jóvenes.

Representantes de los 43 estudiantes y del Gobierno de México se reunieron este viernes a puerta cerrada para trabajar en la propuesta, que se concretó después de que el caso fuera tratado extensivamente un día antes en un encuentro privado y cinco sesiones públicas sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, confirmó hoy a Efe haber recibido la propuesta, que la Comisión evaluará la próxima semana.

"La Comisión analizará a partir del lunes la propuesta aunque no podemos garantizar que haya una decisión ese mismo día", dijo.

Icaza recordó que han sido "muy contadas" las veces que la CIDH ha realizado asesoramientos de este tipo, subrayó la "mejor disposición" de la Comisión para apoyar este proceso y aseguró que le dará la "máxima prioridad" en sus sesiones de la próxima semana.

Según había adelantado cuando las partes mostraron su interés en presentar esta propuesta, el papel de la comisión consistiría en nombrar, de común acuerdo con las partes, un grupo de peritos que puedan ayudar en las tareas de búsqueda de los estudiantes y "acompañar el proceso" de localización de los jóvenes.

En la última jornada de audiencias del 153 periodo de sesiones de la CIDH también se trataron otros asuntos, como la situación de los indígenas en Perú, la justicia en Brasil y la violencia contra campesinos en Paraguay.

Los indígenas de las comunidades peruanas del pueblo Achuar, en la Amazonía fronteriza con Perú; de la comunidad nativa de Tres Islas, en Madre de Dios, y del pueblo Kañaris, reclamaron que el Gobierno peruano que reconozca la "autonomía e integridad" del territorio que habitan y que les tenga en cuenta para los planes de extracción de recursos naturales en estas zonas.

La actividad minera en las cuencas hidrológicas, la lucha contra la minería ilegal y la defensa del medioambiente ha causado tensiones entre el Gobierno y los activistas.

El director ejecutivo de Fedepaz, David Velazco, denunció que en los conflictos con origen socioambiental que se han originado en torno a la minería y a la extracción de hidrocarburos ha habido "represión, tortura y detenciones injustas y arbitrarias" de las comunidades indígenas, que se oponen a la explotación de las que consideran sus tierras, sin consulta previa por parte del Gobierno.

La organización expuso el caso de Santiago Mavin, presidente del consejo permanente de los pueblos Awajún y Wampis, quien fue herido durante una protesta en 2009 y se enfrenta a una condena de cadena perpetua acusado de promover la violencia.

"No estamos en contra del desarrollo y la inversión, los necesitamos, pero queremos ser consultados sin daños, nunca nos dicen qué quieren hacer con nosotros y nuestras tierras", lamentó Mavin, que fue herido de bala cuando se disponía a abandonar la protesta que habían iniciado en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

En la misma línea, organizaciones defensoras de las garantías fundamentales denunciaron la "impunidad" en Paraguay ante la muerte de más de un centenar de campesinos en las últimas décadas.

"Nada afecta más a la vigencia de los derechos humanos que la impunidad, debemos poner énfasis para combatirla", dijo el comisionado José de Jesús Orozco, que alertó del efecto "amedrantador" de los ataques a los dirigentes de los campesinos.

Otro de los países protagonistas en las audiencias de hoy fue República Dominicana, a quien la CIDH exigió que acate la sentencia de la CorteIDH, que condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y 2000.

Los comisionados pidieron al país que convierta esta sentencia en un "elemento clave" de su legislación, pues "si cada Estado interpreta los tratados internacionales como se le antoja, no tendría ningún sentido que hubiera tribunales internacionales encargados de su interpretación".

Además, la Comisión llamó la atención sobre "el problema de gran magnitud" que supone la desnacionalización desde 2013 -como fruto de una resolución constitucional- de algunas personas anteriormente consideradas como dominicanas, mayoritariamente de padres haitianos.

La CIDH también recordó a Brasil su vinculación a los tratados internacionales y le recordó que tiene el "deber" de juzgar a los responsables de desapariciones forzadas durante la dictadura militar (1964-1985) para proporcionar "verdad, justicia y reparación" a las víctimas.

Le instó así cumplir la condena emitida en 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) relativa a la desaparición de los miembros de la guerrilla de Araguaia, que combatió al régimen militar en la Amazonía entre 1972 y 1974.