La Audiencia Nacional ha resuelto que la investigación por la presunta macroestafa de venta de espacios publicitarios que puso en marcha el conocido como 'Madoff catalán' siga bajo la batuta de los Mossos d'Esquadra. El motivo que alega el magistrado que instruye el procedimiento es que es precisamente en Cataluña donde se concentra el mayor número de perjudicados por esta trama con la que habría defraudado más de 300 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, responde de esta forma a la petición formulada por la empresaria Paloma Segrelles, personada como acusación particular en este caso, y que solicitó que fuera la Policía Nacional y no la autonómica de Cataluña la que estuviera al frente de las pesquisas por este supuesto fraude piramidal.
En la providencia, a la que ha tenido acceso La Información, el juez explica que debe ser este cuerpo el que se mantenga en la causa dado que "el núcleo de la investigación" se centra en Cataluña. Sin perjuicio, eso sí, de que se encomiende a otras fuerzas policiales las diligencias que se realicen fuera de dicha comunidad autónoma. En cualquier caso, se trata de una investigación cuya magnitud hizo que los juzgados de Madrid y Barcelona, que acogieron las querellas iniciales, se inhibieran finalmente a favor de la Audiencia Nacional.
El pasado 31 de julio, Segrelles remitió un escrito al juzgado en el que expuso que, debido a la "gran trascendencia de la estafa", es la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) la que tiene que seguir con las diligencias sobre los hechos que se le imputan al empresario Antonio Mas Samora. Se estima que cerca de un millar de personas son víctimas de este fraude, entre ellos un nutrido grupo de la alta sociedad como la propia Segrelles o el empresario Michael Domecq.
La dinámica que puso en marcha el promotor musical consistió en simular la compra de espacios publicitarios para la televisión que luego vendía a inversores de todo tipo a quienes les cobraba por adelantado y les prometía importantes cantidades derivadas de la alta rentabilidad del negocio. El atractivo de esta inversión consistía en que se trataba, según defendía, de anuncios de grandes compañías y de relevantes firmas.
Precisamente, la magnitud de la causa es uno de los argumentos que recogió Segrelles en su reclamo remitido al juez instructor de cara a que de la misma se encargara la Policía Nacional. Además, también alegó que, por su condición, la UDEF es una unidad más especializada en la investigación de ciertos delitos, como puede ser el de estafa, que los Mossos y que si no recae en este cuerpo se pueden "originar debilidades" en la instrucción.
Estafa que trascendió al extranjero
También pide que se tenga en cuenta que, aunque los hechos se produjeron principalmente en Cataluña, la presunta estafa se llevó a cabo en todo el territorio nacional y, por ello, debe primar el "principio de unidad de acción" con el que se rige la UDEF. De hecho, no se descarta que el fraude de los anuncios publicitarios se expandiera al extranjero, de ahí que los Mossos d'Esquadra no tendrían competencia sobre el fondo del asunto.
En cualquier caso y pese a que el magistrado García Castellón asumió esta investigación el pasado mes de febrero, no se han acordado diligencias hasta hace relativamente poco puesto que los primeros meses de asunción de causa estuvieron destinados a la digitalización de todo el material y distribución por piezas del mismo. Tal es el volumen de este procedimiento que una de las primeras medidas acordadas por el instructor fue la de instar a reducir las acusaciones desde las 73 que se personaron inicialmente a un máximo de nueve para evitar que las pesquisas se acaben eternizando en el tiempo.
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