Caso nóos. Manos limpias teme que el "lobby´de zarzuela presione” para evitar el procesamiento de la infanta

El presidente del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, que actúa como acusación en el caso Nóos, teme que "el lobby de Zarzuela presione" con todos los medios a su alcance para evitar el procesamiento de la infanta Cristina, cuestión sobre la que decidirá en los próximos días el juez de Instrucción número 3 de Palma, José Castro.
Según explicó Bernard a Servimedia, todos los elementos probatorios y la declaración de la Infanta del pasado 8 de febrero avalan su participación en un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales y aunque salga “indemne” del proceso judicial nada evitará que los ciudadanos, dijo, la vean como “cómplice”.
Para Manos Limpias, este caso ya ha dejado su huella y ha puesto en entredicho la actuación de un miembro de la Familia Real, por lo que considera que si no hay consecuencias directas para la Infanta “los españoles tendrán claro que la ley no es igual para todos”.
Esta semana comenzó la cuenta atrás para que el instructor de este caso ponga fin a su investigación y decida si sienta o no a la Infanta en el banquillo de los acusados.
Hasta ahora el magistrado ha imputado dos veces a doña Cristina y algunas fuentes jurídicas creen que se inclina por mantener la acusación de que ella conoció y colaboró en los delitos fiscales que presuntamente cometió su marido a través de Aizoon, la sociedad que ambos compartían al 50%.
Aunque Castro decidiera llevarla a juicio, la Fiscalía Anticorrupción se podría oponer y recurrir su inclusión en el auto de procesamiento ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. Así pues, la decisión final recaerá en los tres jueces que anularon la primera citación de la Infanta, en mayo de 2013, aunque ellos, según Manos Limpias, son también los que alertaron a Castro de que podría haber un supuesto delito fiscal de doña Cristina, al sugerirle que investigara en esa dirección.
Cuando la Infanta acudió a declarar ante Castro, el pasado 8 de febrero, lo hizo como imputada por un supuesto delito de blanqueo de capitales y delito fiscal, presuntamente cometidos en su condición de copropietaria de Aizoon.
En su auto de imputación, el juez señalaba que Iñaki Urdangarin “difícilmente” pudo haber defraudado a Hacienda “sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia” de su mujer “por mucho que de cara a terceros” mantuviera “una actitud propia de quien mira para otro lado”.
Según Manos Limpias, pese a que en esa declaración las respuestas evasivas de la Infanta fueron la tónica general, hubo al menos dos ocasiones en las que admitió conocer que Urdangarin utilizaba Aizoon para facturar ingresos de actividades ajenas a la sociedad.
Manos Limpias lamenta, además, que la instrucción de este caso no haya decidido al juez Castro a imputar al expresidente de la Gereralitat Valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
También se queja de que el instructor “no se haya atrevido a imputar” al exalcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por haber pagado, indica, a Urdangarín 144.000 euros para que promocionara la candidatura olímpica de la capital, sin que haya quedado acreditada ninguna acción que justificara los pagos.
Además, esta acusación estima que la responsabilidad civil del matrimonio Urdangarín debería ascender a 1,5 millones de euros, más del doble de los 700.000 euros en que está estimada.
De los 6 millones de euros de dinero público que Urdangarin y su socio, Diego Torres, obtuvieron de forma irregular, 1,2 millones pasaron por Aizoon, una sociedad que, según Manos Limpias, la propia Infanta señaló que fue creada por el duque de Palma “para canalizar sus ingresos profesionales”, lo que le permitiría obviarlos en su declaración del IRPF.
De acuerdo a estos elementos, el sindicato estima que Urdangarin habría cometido tres delitos fiscales y doña Cristina sería cómplice de dos de ellos, los correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.