Contratos con el entramado del comisario

El caso Villarejo incorpora el material que el BCE pidió a BBVA... 15 meses más tarde

Carta BCE BBVA
Carta BCE BBVA
L.I

La causa que investiga los encargos de espionaje de José Manuel Villarejo ya cuenta con todo el material que el Banco Central Europeo (BCE) reclamó a BBVA a principios de 2019. El magistrado al frente del caso 'Tándem', Manuel García Castellón, ha incorporado al sumario tanto los requerimientos efectuados por el organismo que dirige Christine Lagarde como las respuestas aportadas en este tiempo por la entidad y que incluyen los contratos firmados con el entramado empresarial del comisario entre los años 2004 y 2017. 

El pasado 6 de marzo el instructor del caso Tándem recibió de manos del Banco de España los papeles facilitados por el organismo europeo además de un 'pendrive' con toda la documentación que ahora obra en el sumario de la causa y a la que ha tenido acceso este diario. Apenas un mes antes, el 18 de febrero, el director general de secretaría del BCE, Pedro Teixeira, notificó al supervisor que iban a divulgar todos los documentos que han ido recibiendo del BBVA los últimos meses. En la misiva anuncian la desclasificación de las reclamaciones efectuadas enero de 2019 sobre la investigación penal y de las respuestas del banco. 

Cuatro etapas diferenciadas

Se trata de unos papeles que la Audiencia Nacional ha pedido en varias ocasiones en los últimos meses en aras a avanzar en la investigación de esta pieza novena del caso Tándem. Tal y como recoge la carta del BCE, el pasado 27 de diciembre el Juzgado Central de Instrucción número 6 ya le trasladó su intención de recabar toda la documentación que el organismo europeo tuviera en su poder relativa a las contrataciones de BBVA con Villarejo y por las que el banco abonó 10,28 millones de euros. Ahora, el órgano judicial ya cuenta con las respuestas del BCE el cual matiza en su notificación que la regulación europea permite que pueda aportar datos confidenciales sobre el banco en una investigación penal sin que se pueda considerar una violación del secreto profesional.

La primera petición del supervisor europeo se remonta a enero de 2019. Fue entonces cuando se le preguntó a la entidad que preside Carlos Torres por la relación que guardaba el banco con el entramado empresarial del policía jubilado. En concreto, solicitaron los requerimientos efectuados por la CNMV en octubre de 2018, los contratos que se habían aprobado, una copia de todas las facturas emitidas por Cenyt en relación a sus trabajos de espionaje y los detalles de la investigación interna que la entidad encomendó a PwC ('forensic'). 

El encargado de responder a esta diligencia fue el entonces jefe de control interno de BBVA Eduardo Arbizu, imputado en el procedimiento. En su misiva, de seis páginas, el exdirectivo se amparó en los contratos suscritos con Villarejo para apuntalar que los servicios prestados se ceñían a asesoramiento en materia de seguridad, protección de activos, obtención de información sobre la solvencia de deudores e informes de riesgo-país. Además, señalaron al exjefe de seguridad del banco Julio Corrochano como la persona que firmó todos estos acuerdos que dividieron en cuatro fases (2004-2007; 2010-2014; 2014-2015 y finalmente 2016 y 2017). Solo en los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2014 el banco pagó a las empresas de Villarejo 7,5 millones de euros.

Al margen de la legalidad

A diferencia de la versión mantenida por el banco, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que con estos trabajos se cometió una  "reiterada injerencia en los derechos fundamentales" de las personas espiadas, a las cuales se les controlaron sus comunicaciones y se les practicaron seguimientos personales. Por ese motivo imputaron a más de una decena de exaltos cargos del banco, incluido su expresidente Francisco González y a la propia entidad como persona jurídica, por los delitos de revelación de secretos, corrupción en los negocios y cohecho al contratar los servicios privados de Villarejo mientras éste figuraba en activo dentro de la Policía Nacional. 

Con todo, el magistrado ha insistido en numerosas ocasiones al banco para que aportara toda la documental relacionada con las contrataciones que tuviera en su poder del mismo modo que ha hecho el Banco Central Europeo. De hecho, en su respuesta al requerimiento de enero de 2019, la entidad expuso que la información que disponían en los archivos era "limitada" y que no podían aportar muchos datos sobre el 'forensic' que arrancó a mediados de 2018 por encontrarse en pleno desarrollo. Este hecho motivó que el ente europeo se dirigiera el pasado mes de septiembre directamente a la Audiencia Nacional para conocer de primera mano los detalles de la causa penal en el marco de la supervisión que tiene que efectuar a la entidad. 

Carta del BCE a la Audiencia Nacional del 06/09/2019

Ilustrísimo Señor García-Castellón,

El Banco Central Europeo (BCE) ha tenido conocimiento de que en ese Juzgado se sigue la causa conocida públicamente como "Tándem" en cuya pieza separada número 9 está siendo investigada, entre otros, la entidad bancaria BBVA, S.A.

Se ha tenido asimismo conocimiento de que la entidad BBVA ha venido aportando a la mencionada pieza separada documentación relativa a hallazgos y descubrimientos realizados en el curso de la investigación interna forensic que la entidad está llevando a cabo.

Por tratarse de una entidad de crédito significativa y de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Reglamento 1024/20131 , el BCE tiene encomendadas determinadas tareas de supervisión prudencial en relación con BBVA. Entre esas tareas, está la de supervisar el cumplimiento de los las normas relativas a las estructuras de gobernanza, así como de los requisitos de idoneidad de las personas responsables de la gestión de entidades de crédito, tanto a nivel individual como colectivo, o los requerimientos sobre mecanismos internos de control.

El BCE considera que la documentación relativa a los hallazgos y descubrimientos realizados en el curso de la investigación interna que BBVA está llevando a cabo podría contener información relevante para el ejercicio de las tareas supervisoras que, respecto de BBVA, tiene encomendadas.

De acuerdo a la información pública disponible, las investigaciones judiciales que se están llevando se encontrarían bajo secreto sumarial; secreto que, por la información recibida de BBVA, afectaría también a los hallazgos y descubrimientos de la investigación interna "forensic".

Por ello, se solicita respetuosamente de ese Juzgado que, a fin facilitar sus tareas supervisoras respecto de BBVA, tenga a bien informarnos en el momento en que sea posible que el BCE acceda a la mencionada documentación.

Por último, se pone en su conocimiento que el BCE está sometido a un estricto deber de confidencialidad respecto de todas las informaciones que recibe en el ejercicio de sus funciones supervisoras y que, en consecuencia, cualquier información recibida en este contexto tendría carácter confidencial y estaría protegida por la obligación de secreto profesional aplicable al BCE de conformidad con el Derecho de la Unión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Rolf Klug

Director General Adjunto de Supervisión

El magistrado, por su parte, también recurrió a Europa a finales de año para poder sumar al caso todo el material aglutinado por el Banco Central Europeo, el cual ha mostrado en numerosas ocasiones desde la imputación de la entidad preocupación por su modelo de gobernanza. El banco, por su parte, se ha desvinculado siempre de las actividades de José Manuel Villarejo y ha cargado la relación laboral a dos personas claves en la trama: Julio Corrochano, el cual actuó de intermediario en la gestión de los encargos, y el exdirectivo de riesgos Antonio Béjar. Éste último sostiene que la cúpula fue la que ordenó contratar con Villarejo a la par que ha aportado muchísima documentación en el marco de su intención de colaborar con estas diligencias. 

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