El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón considera "incompatible" y un "conflicto de intereses" el hecho de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y su exasesora en Podemos Dina Bousselham compartan abogada en la pieza 10 del conocido como 'caso Villarejo', que investiga el robo del teléfono móvil de ella y cómo parte de su contenido acabó publicado en varios medios de comunicación.
Así lo refleja el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que pone de manifiesto esta situación cuando Iglesias ha sido apartado como perjudicado en la causa -decisión que ha recurrido- y Bousselham está amparada por el Estatuto de la víctima del delito.
Como víctima, dice el magistrado, la exasesora del líder de Podemos "ha interesado la adopción de diversas diligencias de investigación sumarial" en esta pieza 10 y ha comparecido en el juzgado, ambos derechos que establece el mencionado estatuto. Todas estas actuaciones "dejan ver de modo inequívoco -añade García Castellón- la voluntad de la víctima de esclarecer los hechos que son objeto de este procedimiento".
El juez incluye en estas diligencias el escrito que Bousselham presentó la semana pasada en la que matizaba la declaración que prestó días antes en sede judicial. Mientras que en la Audiencia Nacional dijo que Iglesias le devolvió la tarjeta de su teléfono móvil dañada, en el escrito afirmó que tras recuperarla pudo acceder a su contenido y que fue al segundo intento cuando el soporte se había estropeado.
La providencia también recuerda que la ley que regula el estatuto jurídico de la víctima del delito enumera las medidas de protección frente a las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos, quienes en su obligación de salvaguarda de los derechos e intereses de la víctima deben adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos, entre ellos su dignidad como víctima, y como mejor reflejo de este derecho en el ámbito procesal, el de una tutela judicial efectiva que la proteja frente a intereses ajenos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Por ello, y dado que la misma abogada ha firmado tanto el recurso de Iglesias contra su expulsión como perjudicado como el último escrito entregado por Bousselham, el instructor da traslado a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes personadas para que presenten alegaciones respecto a ambos si así lo consideran.
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