La corrupción es uno de los fenómenos contra el que los tribunales trabajan a diario. El aumento de causas judiciales de este tipo ha afectado a la credibilidad de las instituciones y a la reputación España en el exterior. El caso 'Gürtel', la trama 'Púnica', o ahora, más de actualidad, el conocido como 'caso Villarejo' han contribuido ello. Pilar Llop, lleva casi un año al frente del Ministerio de Justicia, y ya ha puesto sus esfuerzos en hacer una "apuesta valiente" e implementar nuevas medidas que ayuden a combatir esta lacra, como es la denuncia anónima. "Hace un daño a la imagen de nuestro país enorme", asegura Llop en una entrevista a La Información.
La titular de Justicia, que antes de entrar en política era magistrada, enfatiza que el Gobierno está trabajando para que España tenga "un claro compromiso contra la corrupción en el ámbito público y privado". Además de este asunto, la ministra de Justicia también ha tratado temas de actualidad como el 'caso Pegasus'; las consecuencias que puede tener la investigación centrada en la actuación del comisario jubilado José Manuel Villarejo; incluso de hasta qué punto la política debe permear la Justicia.
El 'caso Pegasus' ha abierto la puerta a una reforma de la ley de secretos oficiales para reforzar ese control judicial al CNI. ¿Se ha avanzado en el Gobierno cómo va a ser ese refuerzo?
El Gobierno está absolutamente comprometido con la regeneración democrática en nuestro país y con la modernidad y modernización de las instituciones para que sean más transparentes, para que haya una rendición de cuentas. El presidente del Gobierno anunció en el Congreso de los Diputados que iba a haber reformas legales para reforzar la protección de los derechos fundamentales de las personas, como puede ser el derecho a la intimidad o el derecho al honor. Cuando se acuerdan intervenciones de estas características tiene que haber un control judicial y son leyes antiguas que necesitan también de una modernización y adecuación a los tiempos actuales. También sabemos que los sistemas de espionaje son cada vez más sofisticados. Están actuando de manera que hacen más difícil su seguimiento y su identificación o su percepción en distintos dispositivos electrónicos, por lo que es lógico que también haya una importante inversión en materia de ciberseguridad. No puedo avanzar cuál es el contenido de la reforma, pero personalmente soy partidaria de que cuantos más controles haya siempre es mejor, tanto del Parlamento, como de la Defensoría del Pueblo o de los órganos judiciales.
Pero el Tribunal Supremo, órgano competente para controlar la actuación del CNI, no se muestra muy favorable a que se aumente ese control.
Desconozco que es lo que piensa el Tribunal Supremo, no he tenido ocasión de hablar con el presidente del Tribunal Supremo sobre este particular. Pero en cualquier caso, cuando la ley se tramite, el CGPJ hará su informe y ahí veremos qué es lo que opina el órgano de gobierno de los jueces.
La Audiencia Nacional investiga el 'caso Villarejo' desde hace más de cuatro años. ¿Cómo afecta a la marca España, a la reputación como país, tener a ejecutivos y a grandes empresarios del Ibex 35 imputados o en cuestión?
Tengo que ser muy respetuosa con los procedimientos judiciales. Estoy segura que se están haciendo todas las diligencias de investigación necesarias para esclarecer qué es lo que ha ocurrido en este caso.
Le pregunto más por el tema reputacional, a nivel país, ya que muchos de los inversores tienen muy en cuenta la situación procesal en la que se encuentran los gestores de las compañías.
Estamos en esa fase de regeneración democrática y a nivel reputacional nos debe preocupar todo lo que ocurre en nuestro país. Por ejemplo, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial a nivel reputacional no es algo positivo para España y se está yendo en contra de nuestros propios intereses. Estamos trabajando en la trasposición de una directiva muy importante, que ya ha pasado primera vuelta en Consejo de Ministros, y que nos va a situar como un país que tiene un claro compromiso contra la corrupción en el ámbito público y privado, que es la ley del informante de corrupción. Tengo que reconocer que estamos haciendo desde el Ministerio de Justicia una apuesta valiente por promover un texto legal, que ha contemplado un elemento esencial, pero de difícil encaje en nuestro ordenamiento interno y que no era una exigencia de la directiva, que es la denuncia anónima. Creemos que va a ser muy eficaz para luchar contra la corrupción o contra prácticas que no se ajusten a la legalidad.
Este es el compromiso que tiene este Gobierno con la limpieza institucional, también con que España se sitúe en materia de regeneración como un país que cumple con todos los estándares de exigencia en el ámbito europeo y en el ámbito internacional, porque evidentemente las empresas, los grandes y pequeños inversores vendrán a España si es un país más seguro jurídicamente y también intolerante y libre de corrupción.
"Los grandes y pequeños inversores vendrán a España si es un país más seguro jurídicamente y también intolerante y libre de corrupción"
Pero al igual que en la política tiene influencia los casos de corrupción, ¿los procesos judiciales abiertos contra compañías del Ibex 35 no tienen repercusión en la marca España o a nivel reputacional de país?
El tema de la corrupción hace daño a todo, hace daño lógicamente al país. La imagen de cualquiera, una persona física o jurídica, que se le pone una querella o una denuncia por un asunto de corrupción o que investiga de oficio la Fiscalía, lógicamente afecta a la reputación, no solo de las empresas, sino también a la imagen de España en el exterior. Y eso también en el ámbito de la política porque creo que hace un daño a la imagen de nuestro país enorme. Por eso, el compromiso con la regeneración democrática mejora en cierto sentido la respuesta que se está dando a este fenómeno criminal.
¿Hasta qué punto la política debe permear la Justicia?
La política está en todo. La política está en todas las decisiones que tomamos. Todas nuestras decisiones como personas están impregnadas de ideología y de política. Pero es evidente que los jueces y las juezas cuando toman sus decisiones nunca lo hacen en base a criterios políticos, sino sometidos exclusivamente al imperio de la ley. Nuestro sistema judicial es un sistema independiente. Yo siempre he defendido y he creído en la independencia de nuestro sistema judicial, en la independencia del Alto Tribunal y también en la independencia del CGPJ. De hecho, los informes que hace últimamente el CGPJ, como el de la Ley de Vivienda, no podía ser más independiente respecto al criterio que tenía el Gobierno.
"La política está en todo. La política está en todas las decisiones que tomamos. Todas nuestras decisiones como personas están impregnadas de ideología y de política"
Una de las últimas polémicas ha sido la enmienda que se ha introducido a la reforma de la ley concursal para ascender al fiscal general del Estado a la máxima categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo, cuando éste no lo tenga y una vez que abandonara el cargo. ¿Se está buscando una salida a Dolores Delgado?
Lo que se está buscando es garantizar que cuando alguien que ha tenido la altísima responsabilidad deje de ser fiscal general del Estado tenga ese recorrido. Un recorrido que ya se ha hecho en la práctica porque así siempre lo ha acordado la Junta de Fiscales de Sala con fiscales generales que no tenían esa categoría, como fue el caso de María José Segarra y Juan Ortiz Úrculo. Lo que se hace es elevar a categoría legal esa práctica. Pero además responde a las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que nos está monitorizando y nos está observando permanentemente y viendo qué avances estamos haciendo en materia de Fiscalía para, precisamente, garantizar que la toma de decisiones en un puesto de tal trascendencia se tome con total libertad y alejada de cualquier tipo de presión, sabiendo que su recorrido será mantener una categoría específica, en este caso la categoría superior.
Hay asociaciones de fiscales, dos de ellas, que se han quejado y han pedido la retirada de esta enmienda.
No solo asociaciones de fiscales, también grupos políticos lo han criticado. Entiendo perfectamente que se pueden tener distintas opiniones y distintos criterios sobre esta vía o esta salida de los fiscales generales del Estado. Al regularse por ley, esto trasciende a las personas particulares, ya que sería de aplicación, en caso de aprobarse, a todos los fiscales generales de Estado. Pero también te permite elegir libremente al fiscal general del Estado dentro de todo el elenco que hay de fiscales y no siempre ir a fiscales que tengan una categoría superior, como ha sido tradicional, salvo estos dos casos, el de Segarra y Ortiz Úrculo, y el tercero que ha sido el de Delgado.
Hace poco se han celebrado las elecciones al Consejo Fiscal y la asociación a la que pertenecía Delgado ha perdido varios representantes. ¿Cree que esto puede ser una especie de castigo a la fiscal general del Estado por favorecer a los miembros de esta asociación en su política de nombramientos?
Los nombramientos que se han hecho son discrecionales, como se han hecho siempre en la Fiscalía General. Ha habido alguno que se ha recurrido y que el Tribunal Supremo lo que ha exigido ha sido una motivación. Se ha retomado, se ha motivado y es una potestad que tiene la fiscal general del Estado. Respecto a si es un castigo, eso se lo tendrá que preguntar a ellos. Yo eso lo desconozco. Espero que no. Aquí no hay que castigar a nadie por la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.
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