Castedo pide al TSJCV declarar por los perjuicios a su persona y a la ciudad

  • La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha pedido por escrito declarar de inmediato en la causa por supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana ante "los gravísimos perjuicios" a su persona y a la imagen de la ciudad.

Alicante, 13 sep.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), ha pedido por escrito declarar de inmediato en la causa por supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana ante "los gravísimos perjuicios" a su persona y a la imagen de la ciudad.

Según el escrito al que EFE ha tenido acceso, "la indefensión" de Castedo por no haber tenido la posibilidad de "alegar y probar su defensa" es "notoria", y "los efectos perjudiciales en su imagen personal y política, indiscutibles".

La petición de declarar "con carácter de urgencia", elevada por el letrado Juan José Martínez Albert ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se produce después de que esta instancia judicial se declarara competente para asumir la causa.

Esta última fue remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular solicitó la imputación de Castedo y del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, ambos aforados por su condición de diputados autonómicos.

Recuerda Martínez Albert que Castedo pidió al juzgado alicantino ser oída "en uso de sus derechos constitucionales", aunque finalmente dicha petición fue "devuelta sin más explicaciones", y que, tras quedar aforada en su condición de diputada en Les Corts, "perdió toda posibilidad de oponerse a las imputaciones".

"A día de hoy, pues, no ha tenido posibilidad alguna de alegar y probar en su defensa, si bien ha padecido todas las consecuencias inherentes a quien es sujeto pasivo de un proceso penal", según refleja el escrito del letrado alicantino.

Por ello, éste subraya "la necesidad de audiencia" a la alcaldesa como "una consecuencia obligada del derecho de defensa en una causa que excede con mucho los límites del proceso sin dilaciones indebidas".

Además, Martínez Albert ya apunta en este mismo escrito "el derecho" de ésta "a instar el archivo" de la causa, "dada la insuficiencia de los indicios reseñados en la exposición razonada" y la "escasa consistencia de las inferencias subjetivas en que se basa la imputación".

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