Castellón, valencia y almería, las provincias que más litoral han urbanizado, según greenpeace

Las provincias que más rápido han destruido el litoral durante los años de la burbuja inmobiliaria con una política urbanística masiva e indiscriminado son Castellón (74% de destrucción), Valencia (71%) y Almería (39%), según denuncia Greenpeace en el informe ‘Destrucción a toda costa 2013’, que hoy presentó en Madrid.
El documento, que se centra en el análisis de la expansión urbanística en los primeros 500 metros de costa y que este año alcanza su decimotercera edición, asegura que los diez municipios que destruyeron más litoral durante la burbuja inmobiliaria, entre 1987 y 2005 fueron Calpe (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz), Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia), Orpesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Sant Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Vizcaya).
Para la realización de este informe se han utilizado por primera vez imágenes por satélite, que han permitido a Greenpeace analizar los casi 500 municipios litorales de España.
La franja de los primeros 500 metros de costa representan solo el 0,55% de la superficie del suelo del Estado. Pese a ello, entre los años documentados la tasa de destrucción de suelo natural fue de dos hectáreas diarias. La Comunidad Valenciana tiene, según el informe, un 51% de franja costera ocupada, seguida de Cataluña con el 44% y Andalucía con el 36%. Por otro lado, Asturias es la comunidad que menos costa ocupa, con un 9%, seguida de Cantabria (14%) y País Vasco (15%).
La organización ecologista señala en el documento qué municipios han sucumbido más a la burbuja inmobiliaria, pero también cuáles tienen una costa más protegida. El estudio ha identificado los 25 municipios peores del Estado a partir de varias variables.
La organización indica que si se tiene en cuenta el valor del porcentaje de superficie construida, Marbella (Málaga) con el 90% de costa urbanizada, Mijas (Málaga) con el 91%, Fuengirola (Málaga) con el 95% o Finestrat (Alicante) con el 100%, serían los municipios con más suelo artificial en los primeros 500 metros.
EJEMPLOS POSITIVOS
En el polo opuesto, Greenpeace señala como ejemplos positivos a municipios como Ispaster (Vizcaya), Caravia (Asturias), Albuñol (Granada) o Fuencaliente (La Palma), que tienen apenas un 3,2% de ocupación en la franja de los primeros 500 metros y que se encuentran entre los 155 municipios que han construido menos en su primera línea de costa.
Frente a los municipios que han destruido el litoral, afirma Greenpeace, otros han optado por proteger su costa. Níjar (Almería), Almonte (Huelva), Cadaqués (Girona), Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) y Tarifa (Cádiz) son los cinco municipios con más porcentaje de suelo protegido. Sin embargo, muchos municipios, como Níjar o Tarifa, ven en la protección ambiental un escollo económico y promueven activamente la desclasificación de los espacios protegidos para construir, advierte el documento.
"A pesar del parón absoluto de la construcción a partir de 2008, la principal amenaza actual es la cantidad de suelo declarada como urbanizable aunque no urbanizada o los nuevos impulsos del sector turístico residencial. Además, con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes. Ya lo hemos visto con la nueva Ley de Costas", declaró Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas, en rueda de prensa.
El informe también muestra las previsiones futuras de ocupación del suelo litoral para el año 2030 y señala que la costa mediterránea sufrirá un colapso total en 124 años si se sigue construyendo como hasta ahora.
Greenpeace asegura que la ocupación de la primera línea de costa ha sido “masiva” y que este proceso se verá reforzado por la nueva Ley de Costas, ya que entiende que constituye una nueva herramienta para seguir urbanizando el litoral.
Por ello, para luchar contra la destrucción costera, la organización sugiere que los municipios se declaren insumisos en la aplicación de la nueva Ley de Costas y que la UE la pare, revisar los planes urbanísticos municiaples para evitar más construcciones, respetar los parques naturales, no construir en zonas sensibles o de riesgo por cambio climático, y promover una fiscalidad verde para premiar a los municipios mejor conservados. Asimismo, considera muy importante que la participación ambiental aumente.