Los contratos firmados con ACS para el Castor ponen contra las cuerdas al BEI

La Audiencia Nacional enterró la querella por el fracaso del almacén de gas Castor presentada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Pero el caso, que compromete 2.420 millones de euros de dinero público en 30 años, no está muerto. Los querellantes han recurrido al Tribunal Constitucional y hay comisiones de investigación en marcha en el Parlamento español y en el autonómico de Cataluña.

Además, hay novedades que pueden ser claves en la reclamación. Las plataformas denunciantes han hecho público el contrato firmado en 2013 entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como financiador y los promotores de Castor, la sociedad Escal UGS -60% de ACS-. Los documentos cuestionan la actuación final del banco público, cuya vicepresidencia entonces estaba a cargo de la exministra Magdalena Álvarez. Esta forma parte de la lista de exministros -Joan Clos (PSOE), Miguel Sebastián (PSOE), Juan Manuel Soria (PP) y Elena Espinosa (PSOE)- denunciados en la querella archivada por la Audiencia Nacional.

En el contrato de 2013, Escal UGS se comprometía a cumplir con todas las condiciones de plazos y calidad del proyecto, y a establecer una comunicación fluida con el BEI para que éste tuviera la información en todo momento del estado del proyecto. La entidad, al mismo tiempo y como banco público, asumía la responsabilidad de hacer un seguimiento exhaustivo del proyecto. Podía exigir responsabilidades a la empresa por cualquier imprevisto. En la fase de construcción y en la de operación.

Según los denunciantes, a la vista del contrato "el BEI tenía los elementos necesarios para controlar a la empresa e incluso, retirar la financiación" cuando se detectaron los problemas sísmicos que al final acabaron con el proyecto. En su opinión, el BEI hizo un seguimiento deficiente del proyecto que financiaba. No actuó, destacan, en un momento en que la exministra Álvarez,como vicepresidenta del BEI, tenía una fuerte responsabilidad sobre el proyecto.

El BEI, junto a ACS, aplicó al proyecto un sistema de financiación pionero en Europa denominado 'Project Bond Credit Enhancement' -emisión de deuda vinculada a un proyecto- para respaldar una emisión de bonos privada de 1.350 millones. Su presencia en el proyecto fracasado justificó la devolución de lo invertido a sus promotores, incluido el BEI, para no debilitar la confianza internacional en la solidez de una economía que estaba al borde del rescate.

Ahora, todo está en cuestión. El BEI admitió en un informe que podía haber sido más diligente en la supervisión de los planes de Escal UGS. Pero hasta ahí llegaron las aguas. Los técnicos del organismo eludieron cualquier responsabilidad. Se apoyaron para ello en un informe encargado por el Gobierno español al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Harvard, que certifica que en el momento de efectuarse las evaluaciones “no existían estándares o directrices industriales” para valorar estos riesgos y tampoco existía “regulación específica” sobre la materia.

Ni las explicaciones del BEI ni el archivo de la querella ante la Audiencia Nacional han cerrado la polémica desatada después de que el Tribunal Constitucional tumbara en diciembre de 2017 el Real Decreto-Ley por el que el Gobierno de Mariano Rajoy compensó con 1.350 millones a ACS y sus socios. La decisión del Constitucional obligó a congelar los pagos pactados con los tres bancos que habían adelantado el dinero a cambio de un jugoso interés del 4,3% durante 30 años: Santander (700 millones), Caixa (400) y Bankia (250).

Todo está abierto porque los tres bancos presentaron en abril ante el Ministerio de Energía de entonces una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que exigen el dinero adelantado y una compensación por los posibles daños causados. La posibilidad de acciones en la vía contencioso-administrativa sigue abierta. También lo está la posibilidad de que el caso llegue a los tribunales de la UE.

Por otra vía, las plataformas que se querellaron en la Audiencia han presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. No son optimistas sobre el resultado. Pero es el paso previo antes de acudir a los juzgados y las instituciones de la Unión Europea. En su recurso, los querellantes defienden la necesidad de "practicar una mínima investigación" con el fin de poner en cuestión "la impunidad" de las conductas de presunta corrupción en torno al proyecto.

Por si fuera poco, el caso se ha agitado también en la CNMC, que solicitará al Consejo de Estado un dictamen antes de reclamar los 200 millones ya pagados a los bancos que adelantaron la indemnización a los promotores del proyecto: ACS y sus socios canadienses del grupo Dundee Energy. Las espadas están en alto.