Catalá asegura que la ley de seguridad no limita las manifestaciones más que el ordenamiento actual

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, insistió hoy en que la Ley de Seguridad Ciudadana no limita las manifestaciones más de lo que ya hace el ordenamiento actual, por lo que se preguntó cuántos de los que la critican “con eslóganes y lugares comunes” se la habrán leído y comparado con la normativa vigente.
En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Catalá dijo, por ejemplo, que la prohibición de manifestarse ante el Congreso de los Diputados ya la establece la Constitución “para que no haya una excesiva presión social al poder legislativo”, y que le parecería ilógico que un encapuchado o alquien que difunda imágenes de policías en las redes sociales no fuera objeto de sanción administrativa.
“Me gustaría saber si la han leído”, insinuó sobre los críticos que tachan la nueva norma de ‘ley mordaza’, “si la han comparado con el statu quo y si han identificado esas (nuevas) limitaciones”.
Preguntado en particular por si la nueva ley evita concentrarse ante un inmueble e impedir un desahucio, Catalá contestó inicialmente que “evitar desahucios no va a estar penalizado”, para luego puntualizar que un desahucio es “la ejecución material de una orden que ha dado un juez”, y que alguien que se oponga a su cumplimiento “está fuera del Estado de Derecho”.
Según apuntó, le “preocupa mucho” y le “resulta difícil” entender que un demócrata defienda hacer caso omiso a una sentencia judicial, puesto que, en su opinión, “impedir por la fuerza el cumplimiento de una sentencia es lógico que tenga una sanción administrativa”.
El ministro se reafirmó en la conveniencia de aprobar nuevas leyes que adapten la legislación a nuevas realidades sociales y formas delictivas y que “el Derecho esté del lado de quienes defienden los derechos y libertades” de todos y preferentemente “del lado de las víctimas”. En su opinión, quienes se empeñan en buscar fallos del sistema que perjudican a los delincuentes y “a base de eslóganes y lugares comunes pretenden descalificar la acción de gobierno, se están equivocando”.
Catalá, que, como en el caso de la prisión permanente revisable, dijo estar “deseando leer los recursos” de la oposición contra la Ley de Seguridad para ver cuáles son sus objeciones concretas, concluyó advirtiendo a la izquierda de que “los comportamientos contrarios al respeto de los derechos y libertades son intolerables vengan de donde vengan”, y de que “nadie tiene el privilegio de la defensa de las libertades” ni “el monopolio de la defensa de la democracia”.