Catalá duda que el juez discrepante esté en plenas facultades para ejercer su labor

El ministro de Justicia, Rafael Catalá,aseguró que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo González, tiene "algún problema singular" y opina que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente". "Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", señaló Catalá. La respuesta por parte de los jueces y asociaciones judiciales de Navarra no se hizo esperar.

Catalá reconoció que no conoce a ese juez personalmente, pero insistió en que "todos lo saben. Hay 5.400 jueces magníficos profesionales pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas que tienen dificultades",señaló. "El Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial. Es un asunto muy delicado e insisto en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente", recalcó el ministro de Justicia.

Por La Información

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No se trata, según matizó, de decirle al CGPJ "que sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular", algo que hace "en ejercicio de sus funciones", pero sí de recordar que "la independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera" y "en eso el Consejo tiene una responsabilidad", declaró en los micrófonos de Cope.

Por su parte, el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Juan Manuel Fernández, aseguró que "no había ningún motivo" para actuar contra el juez que emitió el voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo González, antes de su participación en este polémico fallo. "El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González", sentenció el vocal.

Este fin de semana, algunas asociaciones  de jueces criticaron las declaraciones del ministro de Justicia. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) reclamó la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus “inadmisibles” declaraciones del viernes, en las que sugirió al CGPJ que actuara disciplinariamente contra el magistrado que firmó el voto particular en el que pedía la absolución de los cinco condenados. Por su parte, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el ministerio público, lamentó “la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales”.

Además, tras la sentencia y la ola de indignación que generó la misma, el CGPJ lamentó "descalificaciones" de  personas con responsabilidades públicas contra la sentencia. También mostraron su respaldo a los tres magistrados responsables del fallo las asociaciones de jueces y magistrados que ven en general desproporcionada la respuesta.

Catalá afirmó que sería por su parte una frivolidad afirmar sin más datos, que ese juez debería estar inhabilitado e incidió en que "la labor del Consejo es asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades. Esa labor la tiene que ejercer. A mí me han dicho que es una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema", añadió.

Además, Catalá criticó el voto particular que emitió este magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra y en el que pedía la libre absolución pues no encontraba que estuviera probado el abuso sexual continuado por el que condenaba el resto del tribunal. "Una sentencia de 140 folios no puede tener 200 folios de voto particular con expresiones muy inadecuadas, que es lo que yo creo que ha generado el revuelo social. En eso se podía haber actuado preventivamente y en eso el consejo tiene una responsabilidad", insistió.

En cuanto a la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, Catalá explicó que su encargo a un grupo de expertos en derecho penal de revisar el Código Penal para estudiar una mejora, no es legislar en caliente sino "adaptar" la legislación a la realidad social. "Son temas muy delicados pero seguramente si ese texto estuviese mejor redactado evitaríamos otros conflictos", apuntó.

"He encomendado a los expertos en esta materia que nos hagan una propuesta. Van a tomarse su tiempo y harán una propuesta que los grupos políticos valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa", señaló.