El Gobierno ya está analizando la petición de Rafael Catalá, el que fuera ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy hasta hace algo más de cuatro meses, para poder fichar por el despacho de abogados Herbert Smith Freehills y compatibilizar su labor en la compañía con su escaño de diputado en el Congreso y con su puesto en la dirección del PP como integrante del Comité Ejecutivo Nacional. La incorporación a la firma británica tiene que recibir aún el visto bueno de la famosa Oficina de Conflicto de Intereses, según fuentes conocedoras del proceso.
El exministro Catalá remitió a dicha Oficina, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Meritxell Batet, la solicitud para poder incorporarse a Herbert Smith en calidad de nuevo integrante de su comité asesor y de su fundación. Ahora, por tanto, deberá ser el departamento dirigido por Flor López Laguna quien dé su autorización final al fichaje de Catalá por la empresa privada. La directora de la Oficina de Conflicto de Intereses, por cierto, comparecerá este mismo miércoles en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática del Congreso de los Diputados para informar sobre el contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del antiguo Gobierno.
Fuentes del entorno de Catalá aseguran que el trabajo que el exministro de Justicia tiene previsto desarrollar en Herbert Smith no es incompatible con los límites que marca la legislación. Efectivamente, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece en su artículo 15.1 que "los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado". En el caso de Catalá, la situación es especialmente sensible al tratarse del Ministerio de Justicia y un despacho de abogados.
Sin embargo, el exministro argumenta que su labor en la compañía se limitará a asistir a una reunión de su consejo asesor cada dos meses. No será -insisten las mismas fuentes- un trabajo diario ni a tiempo parcial, por lo que el ahora diputado del PP considera que no existirán problemas para poder dar el salto, de forma paralela, al sector privado.
La Oficina de Conflicto de Intereses ha solicitado a Catalá que especifique por escrito cuál será su labor concreta en Herbert Smith y por qué, bajo su punto de vista, no será incompatible con haber formado parte del Consejo de Ministros. Se trata, añaden las fuentes gubernamentales consultadas, de un trámite habitual con todos los altos cargos que abandonan el Gobierno y que se ha ido repitiendo con otros afectados en las últimas semanas.
Además de su labor como asesor de Herbert Smith, Catalá tiene previsto continuar ocupando su puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Declarado partidario de María Dolores de Cospedal, el nuevo presidente Pablo Casado decidió incorporar al exministro como vocal electo tras su victoria en las primarias. Actualmente también es secretario ejecutivo de Justicia de Génova.
En caso de recibir el 'ok' de la Oficina de Conflicto de Intereses, Catalá volverá al sector privado del que salió para formar parte de la administración de Rajoy. Efectivamente, antes de incorporarse al Gobierno del PP, el que fuera candidato del PP por Cuenca fue secretario general del operador de apuestas y juegos de azar Codere. Anteriormente ya había pasado por la Administración Pública siendo secretario de Estado de Justicia durante la presidencia de José María Aznar.
Herbert Smith y su contrato con el Gobierno
La Información ha adelantado este martes que el Gobierno de Mariano Rajoy, con Catalá como ministro de Justicia, renovó el pasado mes de enero el contrato de asesoramiento para los pleitos que el Estado español mantiene con algunos inversores extranjeros en el sector fotovoltaico por los recortes al sector de las renovables.
Se trata de un contrato original que fue firmado en la recta final del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, a finales de 2011. La prórroga, valorada en 1,18 millones de euros, tendrá una duración de 27 meses, fija cada hora de trabajo del bufete en 300 euros (más IVA) y se adjudicó por vía urgente y sin publicidad.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios