Un selecto 'club' de políticos del PP han abandonado en los últimos meses sus responsabilidades públicas para incorporarse a punteros despachos de abogados. Han pasado así de formar parte del consejo de ministros o de participar en importantes decisiones gubernamentales a ejercer la actividad privada. Todo ello, eso sí, ha contado con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el que ha dirigido hasta hace unos días la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El último en abandonar sus responsabilidades públicas y pasarse a la empresa privada ha sido el exministro de Justicia, Rafael Catalá. Ayer lunes comunicó a Pablo Casado su decisión de dejar su acta en el Congreso de los Diputados y dedicarse a la abogacía. Fue cabeza de lista por Cuenca y solo ha participado en un pleno en la cámara baja, el de constitución del pasado martes. ¿Por qué se marcha? "La actual configuración del grupo parlamentario en el Congreso requiere dedicación al 100%", explicaban fuentes de Génova.
Catalá, por tanto, se va a dedicar a la abogacía. Tal y como adelantó La Información el pasado mes de octubre, el 'cospedalista' fichó por Herbert Smith Freehills, un bufete especializado en fusiones, adquisiciones y en el asesoramiento de operaciones internacionales, en calidad de miembro de su comité asesor y de su fundación. Continuará en las mismas funciones. También se incorporó al Patronato de la Fundación Atlético de Madrid, cargo que seguirá ejerciendo en esta nueva etapa. Génova, eso sí, cuenta con él como secretario de Justicia.
Antes de Catalá fue Soraya Sáenz de Santamaría quien se pasó a la empresa privada. Lo hizo tras perder las primarias del PP. Su destino: Cuatrecasas. El bufete anunció que la vicepresidenta de Rajoy se unía a sus filas en calidad de socia y de integrante del consejo de administración de la firma catalana. También contó, por supuesto, con el 'ok' de la Oficina de Conflicto de Intereses. El de la vallisoletana sí que fue un adiós definitivo y total de la política.
La lista de exministros del PP trasladados a despachos de abogados podría ser más amplia si se hubiera culminado el paso de Dolores de Cospedal, desde su cartera de Defensa al bufete Hogan Lovells, tal y como llegó a solicitar y obtener permiso en la Oficina de Conflicto de Intereses. La exministra tenía amistad con alguno de los responsables del despacho y estudió su entrada como opción de futuro, una vez fuera de la política, pero finalmente se decidió por volver a su puesto como abogada del Estado en el Tribunal Supremo.
El exministro de Defensa y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, es otro político del PP que ya ha dejado sus responsabilidades públicas para formar parte del mundo de los negocios privado. Hace unos días recibió la autorización gubernamental para convertirse en autónomo y asesorar a empresas privadas. Lo consiguió tras cobrar una indemnización de 14.500 euros tras salir del Gobierno, fichar por Nec Ibérica como consejero asesor, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por Amrop Seeliger Conde, la firma de cazatalentos dirigida por Luis Conde y en la que su día también trabajó Esperanza Aguirre.
Otros responsables del antiguo Gobierno de Rajoy que ya se están dedicando al mundo de las leyes de forma autónoma son el exministro de Defensa, Pedro Morenés, que se dio de alta como asesor jurídico por cuenta propia; y Agustín Conde, que fue secretario de Estado de Defensa, y que ejercerá la abogacía y la consultoría en empresas.
Y no hay que olvidar un movimiento reciente protagonizado por otro de los colaboradores de la exvicepresidenta en La Moncloa, Juan del Alcázar, técnico comercial y economista del Estado, que fue director general de la Administración Periférica del Estado y que desde la moción de censura se encontraba encuadrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ha fichado por el Banco Santander como responsable de un área de nueva creación, la de 'advocacy'.
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