El Gobierno ha iniciado los trabajos para intentar alcanzar un acuerdo en la reforma del modelo de financiación autonómica. El momento, consideran, es ahora. O nunca. El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha los primeros trabajos, por ahora de manera técnica, según explican fuentes gubernamentales, para intentar sacar adelante la modificación y actualización de un sistema que lleva caducado desde 2014. La misión no es sencilla. Ni Cristóbal Montoro y María Jesús Montero, en los casi tres años que lleva al frente del departamento se han atrevido a abordarlo. Sin embargo, el fichaje del exhombre fuerte de Caixa, Jaume Giró, como principal negociador económico del Govern de Pere Aragonès con el Ejecutivo central da inicio a una nueva etapa. El escenario es diferente y eso abre la puerta a un entendimiento que hasta ahora ha sido una quimera.
Mientras Moncloa, junto con Justicia, deshojan la margarita de los indultos a los líderes del 'procés', en Hacienda ya hay un equipo trabajando en esta reforma de la financiación autonómica. Montero ha decidido 'trocear' por partes el contenido de la misma y comenzar por uno de los aspectos que, según varias autonomías, ha de corregirse: el de la población ajustada. Teniendo en cuenta este criterio, que calcula los euros recibidos por número de habitantes, la Comunidad Valenciana es considerada "la peor tratada", incluso por el Ejecutivo central (este 2021 está previsto que reciba 9,7 millones por los más de 19 que tendrán Cataluña y Andalucía). La ministra se comprometió la semana pasada, precisamente en la capital del Turia durante el Congreso de UGT, a incluir en esta primera revisión "la insularidad, la población mayor de 65 años y cómo hay que atender a la población infantil".
Fuentes de Hacienda añaden que a lo largo de los "próximos meses" se espera poner sobre la mesa un nuevo modelo para debatirlo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo, aseguran, es tener cerrado un acuerdo en la presente legislatura, que se prevé que sea larga. Hay que recordar que en el pacto de coalición se contemplaba (punto 9.6) aprobar un nuevo sistema de financiación de las CCAA "que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del actual". "El objetivo es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia". Unidas Podemos, más si cabe en esta nueva etapa con Ione Belarra en la que se va a impulsar una 'desmadrileñización' de la formación, se posiciona a favor de esta reforma.
Con Jaume Giró de superconsejero económico el escenario es diferente y eso abre la puerta a un entendimiento que hasta ahora ha sido una quimera
Desde Hacienda advierten también que el acuerdo para renovar el sistema de financiación autonómica debe llegar de la mano del PP. La situación política actual no invita a un pacto entre los dos principales partidos pero el Gobierno considera "impensable" imponer un nuevo reparto sin el concurso de un partido que gobierna en Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia. En esa ecuación también debe entrar Cataluña y el nuevo Govern de Pere Aragonès. El escenario es otro y fuentes del Gobierno se muestran optimistas, aunque con cautela, de cara al diálogo que se va a abrir.
Moncloa considera que la "principal obligación" de Aragonès y sus nuevos consejeros debe ser "la realidad". Y la realidad, para Sánchez y sus pretorianos, es "la recuperación económica y social de Cataluña, en parte dañada por la década tan frustrante del independentismo, que no ha conducido a ninguna parte". Se abre, por tanto, una nueva etapa. El recién investido president tiene previsto llamar esta misma semana a Sánchez para activar la Mesa de Diálogo bilateral. Moncloa, por su parte, está preparada para el "reencuentro" e iniciar una etapa diferente.
Con los últimos consejeros de Hacienda de la Generalitat, el Ministerio no ha tenido apenas avances. Basta recordar el papel jugado por Oriol Junqueras durante el Gobierno de Carles Puigdemont y su decisión de levantarse de la mesa para renunciar a participar en las reuniones en Madrid. Eran los tiempos de Cristóbal Montoro y los catalanes reclamaban mayores niveles de ingresos para una Generalitat que consideran infrafinanciada. Su argumento siempre ha sido "es el segundo territorio con capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos". Con Quim Torra el deshielo tampoco fue posible, pese a que llegaron a sentarse en torno a la mesa bilateral.
Con Aragonès, sin embargo, se inicia una nueva etapa que podría ser diferente. La relación entre el exvicepresidente y la número dos de Sánchez, Carmen Calvo, ha estado abierta. Ahora ese 'teléfono rojo' subirá de nivel. El papel de Giró, como nuevo superconsejero económico, será importante. Ahora hay que despejar si ERC y JxCAT, el partido que lo eligió, le dejan hacer. En su anterior etapa, como mano derecha de Isidre Fainé en Caixa, mantuvo una estrecha relación con los diferentes gobiernos centrales, especialmente con la vicepresidenta Nadia Calviño. Con Montero no llegó a mantener un contacto estrecho pero desde el Ejecutivo de coalición ya esperan que tome las riendas de la nueva cartera para comenzar a trabajar. Auguran "un tiempo nuevo". El Gobierno, además, ya ha tenido un gesto con Cataluña al incluir en su comité de expertos para la reforma fiscal al economista Guillem López Casasnovas.
Hay que recordar, por cierto, que el Congreso ha exigido al Gobierno presentar antes de que acabe 2021 su propuesta de un nuevo sistema de financiación autonómica. La iniciativa fue pactada entre Compromís y los socio del Ejecutivo -PSOE y UP- y salió adelante con los votos en contra de Vox y la abstención del PP.
La Generalitat de Cataluña tendrá que devolver al Estado más de 44.200 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años, lo que dure la legislatura que se inicia ahora. El nuevo Govern, por tanto, parte con una 'mochila' que cada trimestre se hace más grande para encarar la recuperación económica tras la pandemia. Se trata de vencimientos de deuda a largo plazo que el Ejecutivo autonómico ha ido acumulando en los últimos años a través de los diferentes mecanismos de liquidez que el Gobierno central puso a disposición de las comunidades autónomas. En total, Cataluña debe al Estado más de 62.000 millones de euros hasta el año 2032.
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