La Guardia Civil estrecha el cerco a los CDR violentos a 10 días de las elecciones

Consejo de Ministros en Barcelona
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Europa Press

"En esta cuestión no puedo avanzarle ninguna cuestión, pero sí puedo garantizar que los servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y que vamos a llegar hasta el final". Así se expresó el pasado lunes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al ser preguntado en Telecinco por los vínculos que pueden existir entre responsables políticos catalanes y algunas plataformas que llaman a la violencia en las calles. ¿Quién está detrás de los CDR? ¿Cómo se financian? ¿Hay conexiones con 'Tsunami Democràtic'? Estas son las cuestiones que están intentando despejar tanto la Guardia Civil como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Sánchez creó con motivo de la crisis catalana un gabinete de crisis en Moncloa. En ese cónclave los diferentes ministerios han ido informando de todo lo relativo a sus responsabilidades. De forma paralela, los investigadores han avanzado sus investigaciones en el marco de un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. Y parece que todo marcha según lo esperado cuando apenas quedan diez días para las elecciones generales.

De momento las investigaciones se centran sobre quiénes son los cabecillas de las acciones de protesta violentas. Qué ciudadanos agredieron a Policías y Mossos d'Esquadra, quien está provocando actos vandálicos y quién está detrás de las llamadas a acudir a las acciones de protesta. Todo ello son delitos tipificados en el Código Penal y que, incluso, conllevan penas de prisión. 

Hay que recordar que hace ya casi un mes la Guardia Civil detuvo a nueve independentistas acusados de planear presuntamente acciones violentas. Eran miembros de los CDR y en los registros, practicados en Sabadell, Santa Perpètua, Mollet del Vallès y Cerdanyola del Vallès, los agentes se incautaron abundante material y sustancias necesarias para la fabricación de explosivos.

Otra línea de investigación se centra en conocer si algún cargo político está relacionado con los independentistas violentos. En este sentido Sánchez ha explicado lo que se está intentando concretar es si los más de 200 detenidos en las últimas dos semanas por los disturbios tienen conexiones con dirigentes de la Generalitat o su entorno. "No va a haber ningún delito que quede impune", advirtió el líder del PSOE. "Los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión y vamos a llegar hasta el final", añadió.

Fuentes gubernamentales afirman que los servicios de Información y de Inteligencia también están intentando concretar cómo se financian estos grupos que han provocado las escenas violentas en Cataluña de los últimos días. Creen que no actúan de forma autónoma y que detrás hay un grupo de cerebros. Es una operación similar a la que se desarrolló en 2017 con el Gobierno de Rajoy para intentar conocer quién financió el referéndum ilegal del 1-O. Finalmente en la sentencia los jueces han podido concretar el delito de malversación.

La oscura financiación del 'Tsunami Democràtic', que se ha desmarcado de las acciones violentas, fue, de hecho, motivo de conversación entre Sánchez y Pablo Casado en la reunión que mantuvieron hace unos días en Moncloa. Ambos dirigentes se reunieron en privado mientras Quim Torra secundaba una de las marchas que cortan carreteras. En ese encuentro a puerta cerrada hablaron de las cantidades económicas que pueden mover las acciones de los alborotadores y de la necesidad de conocer quién está detrás de ellos. ¿Cómo se pagan los carteles que se imprimen llamando a acudir a El Prat, por ejemplo? ¿Quién ha editado sus vídeos? ¿O cómo se ha hecho la aplicación móvil para convocar manifestaciones sin que la Policía lo intercepte? Son preguntas que rondan en el Gobierno y que podrían obtener respuesta en breve.

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