7.703 millones de euros. Es la cifra correspondiente a vencimientos de deuda que deberá afrontar la Generalitat a lo largo de 2019, según se recoge en el último informe remitido a inversores internacionales y al que ha tenido acceso La Información. Esta situación indica que Cataluña mantiene una fuerte dependencia de las finanzas estatales, pese a que el Govern de Quim Torra apueste por la vía unilateral y mantenga al Ejecutivo de Pedro Sánchez entre la espada y la pared de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2019. Cataluña necesita financieramente a España ya que, como repitió por activa y por pasiva el anterior Gobierno de Rajoy, sin el Estado la comunidad estaría quebrada.
La mayoría de esos 7.703 millones se corresponden con la deuda pendiente de la Generalitat con el Estado español. En total son 7.225 millones que se reparten de la siguiente forma: la mayor devolución -6.713 millones- se debe a la inyección que recibió la Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Fondo de Pagos a Proveedores y el Fondo Social. A ellos hay que añadir 296 millones en préstamos internacionales y 216 de créditos de entidades financieras españolas. Y a esos 7.225 millones hay que sumar otros 478 millones de deuda acumulada por las entidades dependientes de la Generalitat.
Aún hay más. La Generalitat tiene que asumir necesidades no financieras en 2019 por valor de 368 millones. 243 se corresponden con los ajustes que debe hacer para cumplir el objetivo de déficit del 0,1% para el próximo año. Y 125 millones tienen que ver con la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. En conclusión, Cataluña tendrá unas necesidades globales brutas de 8.071 millones a lo largo del próximo año.
La 'sangría' de millones no acaba aquí. Y es que en los últimos tres meses de 2018 la Generalitat ha tenido que devolver 1.519 millones, de los cuales 1.038 han sido al Estado, 198 a bancos extranjeros y 112 a entidades financieras nacionales. Asimismo, Cataluña ha pagado 171 millones por bonos solo en este último trimestre.
Hay que recordar que el pasado mes de septiembre el Banco de España fijó en 78.506 millones la deuda pendiente de Cataluña hasta el año 2041. De ellos, 57.513 millones (el 73,3%) se corresponden con aportaciones realizadas por los mecanismos de liquidez estatales
Estas cifras podrían ser más abultadas aún. Sin embargo, el pasado mes de septiembre el Ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con la Generalitat para refinanciar una parte de la deuda catalana a corto plazo y convertirla en deuda a largo por importe de 2.763 millones de euros (también se saldó una deuda de 1.459 millones). Fue un gesto con un Govern que, sin embargo, no ha cesado en sus reivindicaciones rupturistas.
Críticas al Estado
En este mismo informe, la Generalitat arremete con dureza contra el Estado español y el perjuicio para las cuentas catalanas que supone seguir vinculados. "Cataluña no tiene un problema financiero estructural", presume la Generalitat en este documento, unas críticas que se producen a pesar de que la autonomía ha recibido desde 2012 casi 60.000 millones procedentes de los mecanismos de liquidez estatales. Una arremetida que, además, coincide en el tiempo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y la reunión previa entre ambos ejecutivos en Pedralbes, así como con la presentación de los 21 puntos planteados por Torra para avanzar en el autogobierno y la negativa de Moncloa a negociarlos. La guinda a todo ello la puso el mensaje del Rey de esta Nochebuena que también ha sido censurado por los independentistas.
El 'paper' que la Generalitat está difundiendo y que lleva fecha de diciembre de 2018 viene a concluir que las finanzas catalanas serían mejores sin la dependencia del Estado español. "Los gastos públicos en la región están por debajo de la media española" y "la recaudación de impuestos regionales está muy por encima de la media española", destaca el departamento de Aragonès en el mismo informe. "El Gobierno central tiene el poder de decidir la proporción de recursos asignados a las regiones (más del 90% de nuestros ingresos), los niveles obligatorios de la sociedad del bienestar (lo que supone una restricción de más del 90% de nuestros gastos) y los cambios legales para permitir la reestructuración del sector público", añade este documento.
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