Cataluña. El gobierno recurre al constitucional la ley de acción exterior catalana

El Consejo de Ministros aprobará este viernes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Acción Exterior Catalana, según pudo saber Servimedia de fuentes gubernamentales.
Esta decisión se producirá después de que el Ejecutivo haya estudiado los preceptivos informes de la Abogacía del Estado. Si el recurso es admitido a trámite por el Constitucional, lo que suele ser habitual, se suspenderá la ley, que entró en vigor el pasado día 12 de diciembre, durante un periodo de cinco meses.
El Gabinete de Mariano Rajoy había advertido en repetidas ocasiones a la Generalitat de que el ejercicio de la política exterior corresponde al Gobierno central, al tiempo que le ha recordado que las comunidades autónomas deben trabajar para mantener el principio de unidad de la acción exterior del Estado.
El hecho que determinó al Ejecutivo a decidirse por acudir al Constitucional fue la decisión de la Generalitat de abrir nuevas embajadas en las ciudades de Viena (Austria) y de Roma (Italia).
"ALENTAR EL SECESIONISMO"
Ante esta decisión, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, subrayó que el Gobierno estudiaría todos los recursos a su alcance para que dichas embajadas se cerrasen, ya que el único objetivo de las mismas es “alentar el secesionismo”, al tiempo que lamentó que Artur Mas destinase dinero a tal fin en lugar de a satisfacer las necesidades de los catalanes.
El propio Margallo lamentó que el Ejecutivo catalán no hibiera anunciado previamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como exige la ley, la apertura de estas embajadas. La normativa requiere Hacienda elabore en estos casos una serie de informes no vinculantes sobre la conveniencia de tales aperturas.
Otro de los hechos que causó malestar en el Gabinete de Rajoy fue el nombramiento de Amadeu Altafaj como representante permanente ante la Unión Europea de la Generalitat, un cargo que está reservado para los embajadores de los países.
El Gobierno envió un escrito a la Generalitat para que reconsiderase tal nombramiento. El Ejecutivo de Artur Mas no ha respondido hasta la fecha.