La Fiscalía del Tribunal Supremo baraja solicitar penas agravadas para los líderes del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña. En concreto, el Ministerio Público está estudiando acusarles del delito de rebelión, lo que implicaría penas para Oriol Junqueras y el resto de dirigentes que podrían superar los 20 años de cárcel, según informa Europa Press. Se prevé pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido y no se descarta que algunos de los procesados por Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal. Tanto ERC como el PDeCAT ya han pedido al Gobierno gestos con estos presos si quiere aprobar los Presupuestos de 2019.
El borrador de escrito que manejan los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido hace algo más de un año como rebelión al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo. Esta violencia se sustentaría en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 así como en los ocurrido en diferentes colegios electorales el mismo 1-O, señalan las fuentes de la Fiscalía consultadas.
La aplicación de estas penas más altas obedece, siempre según el citado borrador de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajada una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.
La Fiscalía, asímismo, estudia solicitar estas penas iniciales de prisión, de entre 20 y 25 años de prisión, tanto para Junqueras como para el resto del exintegrantes del Govern que actualmente se encuentran en prisión: Joaquim Forn (principal responsable de los Mossos de'Esquadra), Raül Romeva, Dolors Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.
En un segundo nivel de penas, la Fiscalía estudia solicitar entre los 10 y 15 años (que podrían llegar a los 20 en función del grado de responsabilidad) para los procesados que no son acusados también de malversación: la exvicepresidenta Carme Forcadell y los responsables de los movimientos civiles Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural). El resto del exGovern procesado y otros diputados que también lo fueron por Llarena podrían aparecer en el escrito con penas más bajas, de entre 5 y 10 años, o incluso quedar fuera de la petición fiscal según las mismas fuentes.
Sedición alternativa
Además de estas penas, la Fiscalía presentará previsiblemente a los magistrados que juzgarán este asunto una petición alternativa por delitos de sedición y malversación, que en todo caso tienen como consecuencia una petición de pena muy similar al sumarse las de ambos delitos. El escrito estará listo para ser presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dentro del plazo que se dé a las acusaciones una vez abra juicio oral, lo que está previsto que sea esta semana tras adquirir firmeza el auto de conclusión de sumario que hizo público en julio el juez Llarena.
A partir de este momento, además de la Fiscalía, tendrán turno de presentar sus conclusiones tanto la Abogacía del Estado como la acusación popular en representación de Vox. Le seguirá un turno para que las defensas presenten sus respectivos escritos de defensa y, finalmente, se señalará fecha para el juicio, que se prevé a finales de noviembre o principios de diciembre, para lo que se denomina cuestiones previas, y enero para los interrogatorios y el desarrollo de la vista en sí.
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