Hacienda mira con lupa el gasto de Torra en plena escalada de tensión en Cataluña

El Ministerio de Hacienda mira con lupa las facturas de la Generalitat para evitar que el Govern destine gasto público a cuestiones relacionadas con el 'procés' independentista. En concreto, la herramienta utilizada por el departamento que dirige María Jesús Montero es el "control reforzado" de las finanzas catalanas, un mecanismo que permite a la Intervención autonómica certificar de forma mensual las cuentas del Ejecutivo de Quim Torra. Esta fiscalización se produce mientras asciende día a día la tensión y Moncloa ya maneja la posibilidad de aplicar un nuevo artículo 155.

Es la Intervención General de la Administración del Estado la que, utilizando al interventor catalán, recibe mes a mes a qué se destina el gasto de la Generalitat. Si un solo euro se destinara a cuestiones no relacionadas con lo presupuestado y fuera a parar a causas independentistas, Hacienda recibiría la información oportuna para proceder de forma inmediata. Fuentes del Ministerio aseguran que las "circunstancias propias" de Cataluña, con un Govern generando dudas sobre su actuación, obligan a mantener esta medida excepcional.

Hay que recordar que nada más llegar a La Moncloa, Sánchez tuvo un primer gesto económico con Cataluña. En su primer Consejo de Ministros el Ejecutivo socialista levantó el control financiero total que el predecesor de Montero, Cristóbal Montoro, había fijado unos meses antes para evitar el desvío de fondos presupuestarios a la causa de la independencia. Fue el primer acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, acabando así con un control total de las cuentas que estableció el Gobierno del PP.

Mira también

El maratón del 'procés': Moncloa tiene listo otro 155 mientras llega la sentencia

La intervención "reforzada" de las finanzas públicas de la Generalitat, no obstante, fue mantenida por el Gobierno de Sánchez por la "incertidumbre". Ahora, según fuentes de Hacienda, lo que se ha hecho es prestar una mayor vigilancia a las cuentas ante una "situación delicada". Lo que sí tiene descartado el ministerio de María Jesús Montero es, de momento, la intervención absoluta de las cuentas, tal y como le ha reclamado el presidente del PP, Pablo Casado, este mismo martes.

Las declaraciones de Torra en los últimos meses no han ayudado a que Hacienda despeje sus dudas financieras sobre la Generalitat. El 'president' sigue insistiendo en postulados independentistas, lo que en el Gobierno central es interpretado como una declaración de intenciones sobre lo que puede pasar en las próximas semanas tras la inminente sentencia del 'procés'. El "control reforzado" de las cuentas catalanas, por tanto, se mantendrá a corto y medio plazo.

Hay que recordar que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declaró en el juicio del 'procés' haber presentado hasta siete denuncias contra el uso fraudulento de fondos públicos por parte del Govern de Carles Puigdemont: cuatro se presentaron ante la Fiscalía General del Estado y otras tres ante el Tribunal de Cuentas. "En esas declaraciones afirmo que yo mismo veo indicios de prevaricación en que funcionarios convocan a un acto para el que abren locales públicos, que significa usas recursos públicos en un fin declarado judicialmente ilegal. A mi entender existe un motivo claro de prevaricación", dijo.

Las relaciones económicas entre Gobierno central y catalán no han sido para nada fluidas en la víspera de la sentencia del 1-O. El departamento de Hacienda, que dirige el vicepresident Pere Aragonès, anunció que llevaría a Montero a las tribunales por el impago de las entregas a cuenta. A Cataluña, en concreto, le corresponden 874 millones. Pero desde Hacienda aseguran que no han recibido notificación alguna de los juzgados. Añaden que la demanda judicial tendría escasas posibilidades de prosperar y que la ministra ya se ha comprometido a realizar estos ingresos antes de finalizar el año.

Respecto a la posibilidad de celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de finalizar el año, fuentes gubernamentales dan por descartado que se pueda convocar. La proximidad de las elecciones y la situación en Cataluña desaconsejan este cónclave en el que debería estar también Cataluña. Se prevé, por tanto, que la tensión entre Govern y Hacienda siga en aumento a medida que se acerca el 10-N.