Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves una operación, llamada 'Operación Estela', contra la financiación del 'procés' independentista en el que se usaron presuntamente fondos destinados en origen para la cooperación internacional. De momento, los agentes han detenido a 29 personas según informaron fuentes policiales conocedoras de la investigación.
Los agentes, algunos desplazados desde Madrid, se personaron en diferentes sedes de la Generalitat en un amplio operativo para recabar pruebas de la malversación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
En el marco de la operación, se han registrado la sede central de la Diputación de Barcelona, las oficinas de la corporación provincial situadas en la calle Londres de la capital catalana, así como oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas, entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de la fundación CATmón.
La Policía Nacional ha detenido por su supuesta relación con la trama a Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona y de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), que reúne a ayuntamientos de la órbita nacionalista, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos figura además Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional, según las mismas fuentes.
En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y organizaciones no gubernamentales para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países.
La investigación se centra en una presunta trama corrupta de desvío de al menos dos millones de euros de origen público -concretamente fondos destinados a la cooperación al desarrollo- a empresas y entidades, algunas de las cuales habrían tenido participación en el proceso independentista. Por el momento, el juez centra las pesquisas en la presunta adjudicación irregular de subvenciones públicas a entidades y particulares.
En este sentido, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha explicado que el operativo investiga a "instituciones públicas y entidades privadas". El delegado del Gobierno ha señalado que ha sido informado la mañana de este jueves aunque desconoce qué entidades y personas están implicadas. Ha apuntado que la Policía Nacional actúa como policía judicial a órdenes del juez que lleva la operación, de la que se irán conociendo los detalles "a lo largo del día".
La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.
Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.
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