Cataluña recurre por conflicto de competencias la orden estatal de subvenciones para 2012 con cargo a la asignación tributaria del irpf


El consejero catalán de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, anunció este jueves que la Generalitat catalana presentará un recurso por conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la Orden SSI/119/2012, de 4 de junio, por la cual se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado con cargo a la asignación tributaria del IRPF, publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
Cleries explicó que ante el "incumplimiento" por parte del Estado de las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que reconocen el derecho de Cataluña a gestionar las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado sociales a las entidades catalanas con un dinero que provienen de las aportaciones de las declaraciones de renta de los catalanes, "no nos queda más remedio que presentar un recurso por conflicto de competencias".
Agregó que se propuso al Ministerio añadir una disposición adicional a la normativa que consistía en la suscripción de un convenio bilateral de colaboración que fijara los principios y los objetivos que tendrían que regir la convocatoria de subvenciones en el ámbito de Cataluña, así como el importe global destinado por el Ministerio a la financiación de la convocatoria de subvenciones.
"Pero, con la publicación en el BOE del texto de la Orden de bases y la convocatoria de subvenciones para el año 2012 con cargo a la asignación del IRPF, con un articulado casi igual que el del año pasado, ha quedado claro que el Ministerio no acepta nuestra propuesta", lamentó Cleries.
Denunció que la publicación de la Orden incumple la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de diciembre pasado que reconoce el derecho de la Generalitat a la gestión, la tramitación, la resolución y el pago de las subvenciones del 0,7% del IRPF para fines sociales. "El Gobierno del Estado no está respetando el Estado de derecho y está invadiendo las competencias exclusivas que Cataluña tiene en materia de servicios sociales", aseveró.
Según datos de la Generalitat, Cataluña es la comunidad que más aporta al Estado a través de la casilla de fines sociales, un 25% del total. El año pasado se recaudaron en todo el Estado unos 262 millones de euros, de los cuales 66 millones fueron aportados por las catalanes.
No obstante, señaló Cleries, Cataluña ha recibido 30 millones, "cuando si calculamos el porcentaje de ciudadanos que marcaron la casilla para fines sociales, nos habrían correspondido 53 millones".

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