La resolución a favor del derecho de autodeterminación presentada este martes en el Parlament por JxCAT, ERC y la CUP ya ha activado a La Moncloa. Los servicios jurídicos del Gobierno están en situación de prealerta ante las decisiones que pueda tomar la Mesa de la cámara catalana y lo que se pueda aprobar en el Pleno. Los precedentes, especialmente tras el reciente apercibimiento del Tribunal Constitucional tanto a Quim Torra como a Roger Torrent, han obligado al equipo de Pedro Sánchez a activar la maquinaria.
Las escenas de violencia han dejado paso al desafío desde las instituciones. Los partidos secesionistas han acordado hoy registrar esa resolución que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', exige la libertad de los líderes independentistas condenados y hace una alusión directa a la autodeterminación, redactada en unos términos que buscan evitar su impugnación. Los secesionistas aparcan así sus diferencias y acuerdan lanzar un nuevo órdago a Sánchez sobre lo que les une: intentar avanzar hacia un nuevo referéndum en Cataluña.
El punto más conflictivo de la resolución es el 11. Dice así: "Considerar que a pesar de las coacciones de los poderes del Estado por limitar los temas de debate del Parlament, no hay más opción que defender el derecho a la representación política y la libertad de expresión de todos los diputados. Sin fisuras. Porque si la censura entre en el Parlament se desvirtúa en sentido de la institución. Por eso, reiterar tantas veces como haga falta la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho de autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político".
Los letrados del Parlament ya han advertido a la mesa que este punto podría contradecir los autos del Tribunal Constitucional (TC). Así lo han explicado fuentes parlamentarias citadas por Europa Press. Según dichas fuentes, los servicios jurídicos de la cámara han puesto el acento de su advertencia en la palabra "reiterar", teniendo en cuenta que el TC exigió a la Mesa del Parlament paralizar el trámite de propuestas que vayan en esta dirección.
Desde Moncloa, de momento, se mantienen al margen, pero vigilantes. El PSC será quien protagonice la primera reacción. El partido liderado por Miquel Iceta va a presentar una solicitud de reconsideración (tiene 48 horas para hacerlo) para que la Mesa no autorice llevar dicha resolución al pleno, según explican fuentes parlamentarias consultadas por La Información. Los socialistas creen que el documento firmado por JxCAT, ERC y la CUP contiene planteamientos sobre los que ya ha dictaminado en contra el TC y que, por tanto, podrían arriesgarse a incurrir un delito penal.
El Gobierno en funciones no descarta que, a pesar de esta advertencia, la Mesa rechace el escrito de reconsideración del PSC y proceda a llevar al pleno la resolución proautodeterminación. En ese caso los servicios jurídicos del Estado se activarían, detallan fuentes gubernamentales.
En cualquier caso, la información que maneja el Gobierno es que dicha resolución, si es tramitada, podría debatirse en el próximo pleno ordinario del Parlament los días 12 o 13 de noviembre, después de las elecciones generales del día 10. Las mismas fuentes aseguran que el Ejecutivo central actuará cuando haya decisiones tomadas por el pleno, no sobre anuncios, propuestas o declaraciones de intenciones.
Si la Mesa del Parlament tramita esta resolución podría incurrir en un delito de desobediencia. Así lo ha advertido el TC, que deja claro que debe acatarse la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación, la legitimidad de la desobediencia civil y la reprobación de la monarquía. Los partidos independentistas, no obstante, han intentado redactar su resolución buscando una fórmula matizada. Todas las palabras están medidas al máximo para evitar problemas con los tribunales.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este mismo martes que si hay "consecuencias penales" contra la Mesa del Parlament por esta resolución las "asumirán". "La decisión que tomamos comporta la defensa de un derecho fundamental. Si no la tomásemos, claudicaríamos con la idea de que en un Parlament no se puede hablar de todo", ha añadido.
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