Cataluña. Sáenz de santamaría pone la sanción de vidal como ejemplo de una justicia no politizada


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, puso este viernes la sanción del magistrado Santiago Vidal como ejemplo de una justicia no politizada porque, defendió, la decisión de suspenderlo por tres años responde a “evitar que los jueces puedan llevar a cabo actuaciones de naturaleza política que no les permite su propio estatuto”.
Sáenz de Santamaría realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que estuvo acompañada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la jornada después de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordara suspender tres años a Vidal por haber participado en la redacción de una constitución catalana, decisión que el magistrado ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS).
“Pregunta por la politización de la justicia y lo que hace el CGPJ es, precisamente, aplicando el régimen disciplinario que establece la ley y la propia regulación del órgano, evitar que los jueces puedan llevar a cabo actuaciones de naturaleza política que no les permite su propio estatuto”, defendió.
La ‘número dos’ del Ejecutivo insistió en que la decisión del CPGJ, por doce votos a favor y nueve en contra, responde a “evitar que se produzca por parte de determinados jueces determinadas actuaciones que son ajenas a su función jurisdiccional” y, también, “a las obligaciones que asumen que establece la propia Constitución cuando ingresan en ese cuerpo”.
El ministro de Justicia, por su parte, justificó que la decisión del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial “responde a un proceso reglado” por el cual el instructor responsable de la acción disciplinaria ha llevado a cabo un procedimiento, con informe de la Fiscalía que se ha debatido en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
“Ha habido una decisión de imposición de una sanción de tres años que está dentro de las reglas del funcionamiento del Consejo y de garantía de funcionamiento de la justicia, que tienen su propio órgano de gobierno que controla esta situación”, afirmó.
Catalá insistió en que “está previsto en el régimen disciplinario” la “aplicación del sistema establecido” cuando, dijo, “se han identificado y acreditado determinados comportamientos” por un miembro de la carrera judicial en el sentido de que hubiera realizado “una serie de actividades que no se adecuan a su función jurisdiccional”.
SENTENCIA 9-N
En relación a la sentencia de Constitucional que declaró inconstitucionales “por unanimidad” tanto la consulta soberanista convocada por el presidente de Cataluña, Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno tiene “una obligación que es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos”.
“Nosotros, como otras instituciones del Estado, recurrimos al TC cuando entendemos que no se pueden adoptar determinadas leyes porque no respetan el orden competencial establecido en la Constitución”, defendió.
Insistió en que el Gobierno central puede hacerlo “del mismo modo” que la Generalitat y otras administraciones cuando llevan al Constitucional “aquellas leyes que entienden que no se acomodan al reparto competencial”. “El Gobierno lo hace de la misma manera”, dijo.
“Para nosotros es una obligación defender los derechos de todos los ciudadanos, de todos los catalanes, los que piensen en uno u otro sentido, y de todos los españoles que tienen derecho a opinar sobre lo que es un elemento sustancial que es su propia soberanía”, remarcó.

Mostrar comentarios