La Generalitat de Cataluña tiene que devolver al Estado 35.738 millones de euros a lo largo de los próximos cuatro años. Es el montante correspondiente a vencimientos de deuda a largo plazo durante lo que debería ser la legislatura de Pedro Sánchez, siempre y cuando consiga ser investido presidente. Según se recoge en el último informe del Govern de Quim Torra, entre el próximo 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, el Ejecutivo catalán deberá amortizar deuda a un ritmo de hasta 10.000 millones al año como consecuencia de los mecanismos de liquidez que recibió del Gobierno central.
La factura total de la Generalitat con el Estado es mayor si se amplia el periodo temporal. Así, hasta el año 2029 esa deuda asciende a 58.174 millones, siempre según las cifras que aporta el informe con sello de la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro al que ha tenido acceso La Información. Se trata de una dirección general incluida en el Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que dirige el republicano Pere Aragonés.
El documento también recoge que los años 2022 y 2023 serán los más 'duros' para la tesorería de la Generalitat. Cataluña deberá amortizar el 31 de diciembre de esos años un total de 9.665 millones y 9.539 millones de euros, respectivamente. El próximo 2020 la devolución ascenderá a 7.681 millones. Y un dato más: en este último trimestre del año el Govern ha tenido que ir retornando al Estado 1.037 millones.
La deuda de la Generalitat de Cataluña es aún mayor si se incluyen en este montante los préstamos bancarios y emisiones de deuda, tanto a corto como a largo plazo, que aún tiene que amortizar el Govern. En este caso la 'cuenta' asciende a más de 78.000 millones hasta el año 2041.
Existe, eso sí, una pequeña diferencia entre la cifra total de deuda de Cataluña que reconoce la Generalitat (70.595 millones a fecha de 30 de septiembre) y la que admite el Banco de España (78.600 millones). Esto se debe, según explican el mismo informe, a la "diferente metodología en la recopilación de datos".
Este informe de la Generalitat evidencia que Cataluña mantiene todavía una fuerte dependencia de las finanzas españolas y que, además, se prolongará durante los próximos años y décadas. O dicho con otras palabras: Cataluña ha recibido una ayuda vital de España a través de los mecanismos de liquidez (Fondo de Liquidez Autonómica, Mecanismo de financiación para el pago a proveedores y Fondo Social, principalmente) y ahora tiene que esforzarse para devolverla. Sin esta colaboración financiera, como repitió por activa y por pasiva el anterior Gobierno de Mariano Rajoy a través de Cristóbal Montoro, la comunidad catalana estaría quebrada.
2.232 millones devueltos desde el verano
Cataluña intenta reducir mes a mes su deuda financiera con el Estado. Solo entre octubre, noviembre y diciembre ha devuelto los citados 1.037 millones. Desde el pasado verano la factura ha ascendido a 2.232 millones. Esto demuestra que la Generalitat, aún sin tener Presupuestos, sigue cumpliendo con sus obligaciones.
Estas abultadas cantidades económicas que Cataluña tendrá que devolver al Estado coinciden con la negociación que está manteniendo ERC con el PSOE para poder facilitar la investidura de Pedro Sánchez y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2020. En este momento los contactos se encuentran en 'stand by' aunque hasta hace unas horas progresaban adecuadamente. Todavía está en el aire que la investidura pueda sacarse adelante el 30 de diciembre o si se prolonga hasta enero.
En el programa electoral de ERC no hay referencias al pago de la deuda de la Generalitat. Solo hay una mención, en referencia a la dependencia: "La disminución de la financiación de las autonómicas desde julio de 2012 a diciembre de 2018 ha generado una cifra acumulada de deuda no reconocida de 3.154 millones de euros que no han de asumir las comunidades autónomas, entre las cuales Cataluña es uno de los territorios más castigados".
Hay que recordar que un 'think tank' de ERC ya reconocía hace unos años que la Generalitat podría asumir el pago de la deuda con el Estado si fuera independiente. El estudio fue elaborado por la Fundación Josep Irla y concluía que en caso de secesión podría abonar como máximo 85.000 millones de euros de los pasivos -deuda- del Estado español. El informe, titulado 'Reparto de activos y pasivos entre Catalunya y el Estado español', fue elaborado por los economistas Jordi Angusto y Gemma Pons y el ingeniero Marcel Coderch.
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