Cataluña, última comunidad autónoma en ratificar el sistema de financiación

Madrid.- Cataluña se ha adherido hoy al nuevo modelo de financiación autonómica y ha sido la última comunidad en hacerlo, después de que entre ayer y hoy dieran su visto bueno al sistema las otras 14 comunidades de régimen común y Ceuta y Melilla.

Curiosamente, la comunidad autónoma que había sido el motor del cambio de sistema de financiación autonómica y que ha cambiado el sistema para que el conjunto de autonomías reciban más fondos ha sido hoy la última en firmar en el Congreso de los Diputados.

La ratificación por parte del Gobierno catalán se ha producido en la reunión de la Comisión Mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Comunidad Autónoma presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, y el consejero de Economía, Antoni Castells.

Precisamente, el retraso en la reunión ha impedido al conseller hacer declaraciones a los periodistas tras la firma, ya que ha tenido que abandonar rápidamente la sede del Ministerio de Economía y Hacienda para poder coger el avión de regreso a Barcelona.

Tras la firma de todas las autonomías, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, tendrá que firmar la orden de Tesorería para que antes de que finalice el año se proceda al pago a las comunidades de las entregas a cuenta correspondientes a 2009.

La nueva financiación autonómica la pactó la Generalitat con el Gobierno el pasado mes de julio, buscando un acuerdo que permitiese dos principios básicos: cumplir en con el Estatut de Cataluña y que fuera generalizable al resto de CCAA, que es justo lo que se ha hecho hoy.

El nuevo sistema de financiación además se aplica de manera progresiva de manera que se puedan cumplir las expectativas de una mejora de los fondos que reciba Cataluña, pero sin descompensar las cuentas públicas.

Con el nuevo sistema los ingresos de Cataluña provendrán casi en exclusiva" de los impuestos que pagan los catalanes (96%), incluyendo además un sistema de nivelación permitirá que una parte de los impuestos que los catalanes pagan por encima de la media reviertan en más recursos para la Generalitat y, por tanto, "en unos mejores servicios para los ciudadanos".

Además, para el ejecutivo catalán, el modelo contiene elementos esenciales de bilateralidad porque "Cataluña ha fijado el grado de contribución a la solidaridad con el resto de España.

El principal escollo era la oposición de las CCAA del PP, pero finalmente todas han optado hoy por sumarse al acuerdo ya que el mismo beneficia a las que tienen una mayor capacidad fiscal como la Comunidad de Madrid o la valenciana, pero también a otras que estaban muy perjudicadas por el anterior sistema, como era el caso de Murcia.

Sin embargo, hoy algunas CCAA gobernadas por el PP no han descartado llevar el sistema hasta el Tribunal Constitucional si constatan que conculca algunos principios constitucionales.

Así por ejemplo, el gobierno de Francisco Camps consultará a los servicios jurídicos para que comprueben si el nuevo sistema vulnera principios de la Carta Magna como la igualdad, la solidaridad, la suficiencia financiera y la lealtad institucional y, de ser así, el Ejecutivo valenciano se plantearía medidas jurídicas.

Pero hoy, la primera en firmar, en el Ministerio de Política Territorial, ha sido la Comunidad Valenciana, y lo ha hecho, según su consejera, por "responsabilidad" y "compromiso" con los ciudadanos y a pesar de que su autonomía queda "a la cola" de la financiación "per cápita".

Con esta advertencia, la Comunidad Valenciana se suma a la de ayer del consejero de Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, quien preguntado por la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, manifestó que su Gobierno se reservaba las actuaciones que estén en sus manos para actuar conjuntamente con el resto de comunidades y que hablará con el PP de este asunto.

Después de que ayer lo suscribieran Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, las dos Castillas, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja, así como las dos ciudades autónomas, hoy le ha tocado el turno a Cantabria, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.