En la consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña solo hay hoy una única cuestión a estudiar y debatir: sus presupuestos. Un escenario que ha dejado atrás otros asuntos económicos de calado, como los relacionados en materia fiscal. Así, la discusión sobre el Impuesto estatal de Solidaridad (conocido de forma coloquial como el tributo 'a los ricos'), de momento, se aparca a la espera de cerrar el acuerdo de sus presupuestos, que cuenta ahora con una mayoría mínima en el Parlament.
El departamento de economía autonómico ya se ha reorganizado desde la salida del exconsejero de Junts Jaume Giró y la llegada de la nueva consejera Natàlia Mas. Los nacionalistas son conscientes de que el nuevo impuesto estatal incrementa la competencia fiscal del Ejecutivo sobre su territorio. De esta forma, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tratando de acabar con el 'dumping' fiscal que algunas CCAA habían introducido con la supresión del Impuesto de Patrimonio, ha generado un nuevo problema contra los intereses nacionalistas, muy celosos de su autonomía económica.
A finales de septiembre, Montero anunció la creación del impuesto de 'Solidaridad', dirigido a las grandes fortunas. Según dijo, se articulará como un tributo temporal durante los años 2023 y 2024 y afectará a todos aquellos que tienen más de tres millones de euros. Supondrá una recaudación de 1.500 millones y afectará a 23.000 contribuyentes. Los tramos del gravamen se dividirán en tres: entre 3 y 5 millones se gravará un 1,7%, entre 5 y 10 millones un 2,1% y más de 10 millones un 3,5%.
El nuevo impuesto de 'Solidaridad' se podrá deducir con el impuesto del Patrimonio. Hacienda proyecta tres posibles escenarios a la hora de aplicar este tributo. Por un lado, que el impuesto solo lo paguen aquellos contribuyentes en cuyas comunidades se ha suprimido Patrimonio. En segundo lugar, que no se pague este tributo estatal, porque con el autonómico se deduce. Y, por último, Hacienda abre la posibilidad de que en algunos territorios puedan pagarse los dos tributos de forma simultánea.
El encaje legal del impuesto aún se sigue estudiando y su convalidación todavía -como también ocurre con los tributos contra la banca y las energéticas- se desconoce. Un escenario que emplazará al Ejecutivo y al Govern a nuevas conversaciones tras la votación de los Presupuestos. Sin embargo, existen hoy muchas leyes, como la de vivienda, empantanadas en el Congreso a la espera de un acuerdo con los nacionalistas.
Para el Gobierno, el impuesto contra las grandes fortunas es necesario. En los últimos meses, se había mostrado preocupados por la deriva fiscal que han llevado a cabo las comunidades. Creen que eliminar los impuestos y 'aplanar' el IRPF (y, por ende, reducir su progresividad) solo daña la virtuosidad del sistema tributario. "Es necesario una reforma fiscal integral con la reforma de la financiación de las CCAA, que está caducado desde el año 2014. Tendrá que surgir el debate de darle continuidad a los impuestos hoy anunciados (el Impuesto de Solidaridad se gravará los años 2023 y 2024). Sin ir más lejos, el tributo al Patrimonio surgió con carácter temporal".
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