Cataluña aspira a recuperar el control de los ERE y la aplicación de los convenios

El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, ha afirmado este martes que la reforma laboral del Gobierno "no es la que necesita Cataluña" y ha reclamado que la Generalitat vuelva a poder autorizar los ERE y que los convenios sectoriales autonómicos prevalezcan sobre los estatales.

Estas son dos de los principales demandas del Govern respecto al texto de la reforma laboral que acaba de aprobar el ejecutivo español y que debe iniciar ahora su tramitación en el Congreso, un trámite en el que ERC jugará un papel decisivo. En rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Torrent, que pertenece a ERC, ha dejado claro que el actual texto de la reforma laboral no es del agrado del ejecutivo catalán.

"No es la que queremos ni la que necesita Cataluña", ha asegurado, tras señalar que "tampoco está a la altura del listón marcado por el Gobierno". "No cumple sus propias expectativas", ha sostenido. En este sentido, ha reivindicado que la Generalitat recupere la potestad administrativa de autorizar los Expediente de Regulación de Empleo (ERE), capacidad que perdió con la reforma laboral del PP de 2013.

A juicio de Torrent, si la administración catalana hubiera contado con esta herramienta, hubiera podido "incidir" de manera "más intensa" en procesos de cierre industriales como el que se está viviendo en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con la multinacional de la automoción Mahle. Otro elemento "imprescindible" para el Govern es la preeminencia de los convenios sectoriales autonómicos sobre los sectoriales estatales por considerar que debe darse valor a unos acuerdos que "forman parte de la negociación colectiva en Cataluña".

Además, el ejecutivo catalán considera que la nueva reforma laboral debería mejorar el control sobre la subcontratación y aumentar las indemnizaciones por despido, así como los salarios de tramitación. El real decreto ley que recoge la reforma laboral debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que contar con el respaldo de sus socios parlamentarios, aunque algunos como ERC, EH Bildu y PNV han expresado su rechazo a la norma tal y como está redactada.