A cuatro meses de que expire el decreto estatal vigente, el gobierno catalán cifra en 1.200 las VTC (vehículos de alquiler con conductor) activas, de un total de 3.066 licencias hábiles, y busca cómo aprobar antes de verano una norma que no enerve al sector del taxi, que recientemente ha vuelto a salir a la calle. Los taxistas hicieron la semana pasada una nueva demostración de fuerza con un paro de cuatro horas en Barcelona con el que reclamaron al Govern blindar en el futuro decreto autonómico la actual proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis.
El departamento de la Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio, en manos de JxCat, es el encargado de redactar la norma y su postura no es del todo coincidente con la de sus socios de ERC, si bien desde ambos lados se evita airear las diferencias. El coordinador de Élite Taxi, la asociación mayoritaria del sector, Tito Álvarez, ha avisado recientemente de que no le gusta la música que sale de las filas de JxCat, pero sí la que toca ERC.
El PSC, los comunes y la CUP han mostrado abiertamente su apoyo a las reivindicaciones de los taxistas, aunque los esfuerzos del Govern se focalizan en convencer sobre todo a los socialistas, según diversas fuentes consultadas por Efe, pues así sería una mayoría holgada la que avalaría el texto. En las últimas semanas se han intensificado las reuniones y el Govern se marca como meta aprobar el decreto antes de verano (el último consejo ejecutivo previsto es el 2 de agosto), una norma que un mes después debería validar el Parlament.
3.066 licencias VTC en vigor
De acuerdo con datos facilitados a Efe por la consellería, según el registro gestionado por el Ministerio al que el Govern también tiene acceso están en vigor actualmente 3.066 licencias de VTC (2.900 en la provincia de Barcelona). Las licencias deben renovarse cada dos años y esta cifra corresponde a la revisión hecha hace algo más de 12 meses. Antes de esa fecha las licencias totales eran 3.987.
Sin embargo, en los últimos dos meses, según análisis del Govern, apenas unas 1.200 han operado, de las que solo 600 corresponden a plataformas como Uber y Cabify, mientras que el resto ofrece servicios tradicionales de VTC (desde transporte a entierros o bodas, hasta traslados de empresarios a congresos). Por contra, en Cataluña hay 12.334 licencias de taxis, la gran mayoría concentradas en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB): 10.521.
Límite: 30 de septiembre
La normativa en vigor es un real-decreto ley aprobado por el Gobierno el 29 de septiembre de 2018, conocido como el decreto Ábalos (por el exministro de Fomento, entonces en el cargo), que recoge la posibilidad de que durante 4 años a partir de su entrada en vigor las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción es superior a un VTC por cada 30 taxis.
El texto expira el próximo 29 de septiembre y, de no aprobarse una norma autonómica, las VTC no podrán operar en ningún caso trayectos urbanos (es decir, dentro de la ciudad). Este es el único punto sobre el que el Govern se pronuncia: "Barcelona no puede ser la única ciudad del mundo sin VTC", lo que significa que antes de esa fecha el ejecutivo catalán pretende tener aprobada definitivamente una norma. En el caso de la Comunidad de Madrid ya se ha regulado esta cuestión, pero en sentido opuesto a como lo reclaman los taxistas: "Se han desvirtuado los servicios públicos" y la situación es "una auténtica selva", lamentaba hace unos días Tito Álvarez, quien apunta que en Madrid por cada 2 taxis hay 1 VTC.
La mirada puesta en la Justicia
Con todo, esta misma semana el Tribunal Supremo -como ya hiciera el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)- ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial sobre si la ratio fijada en el decreto Ábalos es compatible con la libertad de establecimiento y con la prohibición de ayudas de Estado. Una respuesta negativa desde el TJUE malbarataría una eventual norma autonómica que estableciera ratios, con lo que no está claro que el futuro decreto explicite cifras, de acuerdo con diversas fuentes consultadas.
A ello se suma la cantidad de reclamaciones judiciales todavía sin resolver -se cuentan por miles, según algunas fuentes-, por lo que el redactado debe afinarse al máximo, al tiempo que la "atomización" de las partes negociadoras -ejecutivo de coalición, grupos del Parlament, diversas asociaciones del taxi y variedad de patronales de VTC- también dificulta las negociaciones. En cualquier caso, lo que seguirá vigente es otro decreto catalán sobre las VTC que se aplica desde 2019, el cual obliga a precontratar el servicio de un vehículo de alquiler con conductor con una antelación mínima de 15 minutos y fija multas de hasta 1.400 euros en caso de que se detecten incumplimientos.
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