El Consejo de Ministros ha aprobado una compensación de 1,67 millones para aquellas familias de Cataluña y Comunidad Valenciana que inscribieron a sus hijos en centros de pago para que pudiesen cursar sus estudios en castellano. En total, 172 alumnos se beneficiarán de esta indemnización, siendo 167 de la comunidad catalana y solo cinco del territorio valenciano.
De los 1.671.648 euros que va a abonar el Gobierno, 861.537 ya fueron reembolsados a las familias de casi doscientos alumnos que siguieron tres cursos escolares (de 2014 a 2017) en centros privados. El resto, 810.111 euros, será abonado ahora a otros 171 estudiantes catalanes que tuvieron que hacer lo mismo el curso pasado. Según informa este viernes en una nota el Ministerio de Educación, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy dos acuerdos para pagar las citadas compensaciones atrasadas y ratificar las ya abonadas.
Con esta decisión, adoptada este viernes en Consejo de Ministros para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno reembolsa a las familias el gasto ocasionado por optar por una enseñanza privada en castellano de conformidad con lo dispuesto en la Lomce y que fue declarado inconstitucional en febrero de 2018.
El Tribunal Constitucional, en febrero de 2018, declaró nulo el sistema incluido en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), de 2013, por el que se abonaba los gastos de escolarización en castellano en centros privados a los alumnos que estudiaran en comunidades autónomas con otra lengua cooficial.
Después de declararse este mecanismo inconstitucional, el Gobierno ha procedido a indemnizar a las familias que se acogieron a este sistema antes de que se anulase. Para ello, el Ejecutivo socialista ha aprobado dos acuerdos por los que se declara la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado respecto de los gastos de escolarización en castellano en centros privados en comunidades autónomas con lengua cooficial y declarados inconstitucionales febrero de 2018 y en marzo de ese mismo año.
"En cumplimiento de las sentencias del Constitucional y los efectos que se derivan de ellas, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy estos dos acuerdos para sufragar los gastos que quedan por abonar a estas familias y para reconocer los ya reembolsados, puesto que todos los casos reunían los requisitos que marcaba la ley", han expuesto desde Educación.
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