Las juntas de tratamiento de las cárceles donde permanecen recluidos los líderes del 'procés' están a punto de pronunciarse y la incertidumbre sobre el fallo empieza a generar tensión entre JxCat y ERC. La clasificación penitenciaria de los políticos independentistas afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que, en última instancia, depende de la Consellería de Justicia que dirige la republicana Ester Capella, se hará pública en el transcurso de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez.
Los tiempos de la gestión penitenciaria coinciden de lleno con las negociaciones entre ERC y el PSOE para lograr una abstención de los republicanos que permita investir a Sánchez: una vez las juntas de se pronuncien, la Generalitat tendrá dos meses de plazo para ratificar o enmendar su propuesta, lo que puede posponer la decisión final hasta mediados de febrero.
El debate lo han servido la mañana los servicios jurídicos de ERC, al revelar a la prensa que prevén que los presos sean clasificados de entrada en segundo grado -solo hay 9 precedentes en 18 años de que condenados a dos dígitos de cárcel hayan logrado el régimen abierto en un inicio-, aunque, si es así, lo recurrirán para exigir el tercero, hasta, si es necesario, llegar al Tribunal Supremo.
Jordi Pina, abogado de esos tres condenados de JxCat (no así Joaquim Forn, al que defiende el letrado Javier Melero), ha recordado también en su comunicado que el informe de las juntas de tratamiento, integradas por técnicos y por el director de la cárcel con voto de calidad, es una mera propuesta y que la "decisión final" depende de la Consellería de Justicia. La diferencia entre las defensas de los condenados de ERC y de JxCat respecto a la gestión penitenciaria de los presos refuerza las suspicacias de los posconvergentes por las negociaciones que sus socios de Govern mantienen con el PSOE para la investidura, unos tratos de los que ayer mismo exigieron no ser excluidos.
De hecho, la Fiscalía puede desempeñar un papel clave en las próximas semanas respecto a la situación de los políticos presos, puesto que está en sus manos la decisión de recurrir la clasificación penitenciaria ante los tribunales. En el contexto de las negociaciones, no es descartable que ERC exija un gesto del Gobierno socialista para que el ministerio público no bloquee los beneficios penitenciarios que en un futuro puedan concederse a los presos del 'procés'.
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