Para "garantizar la imparcialidad"

Sánchez, Rull y Turull piden al Supremo que anule sus condenas para acudir al TC

Los detenidos piden que resuelvan magistrados diferentes a los que dictaron la sentencia porque persiguieron la voluntad de "escarmentar"

Rull, Turull y Sànchez en el Congreso de los Diputados
Rull, Turull y Sànchez en el Congreso de los Diputados / EFE

La defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull, condenados en la causa del procés, ha solicitado la anulación de las penas impuestas por el Supremo el pasado 14 de octubre a fin de "garantizar la imparcialidad de la Sala en la resolución" mediante una composición del Tribunal "distinta de aquella que celebró el juicio oral".

La petición, cuyos argumentos se individualizan en cada uno de los casos, alega la vulneración de cinco artículos de la Constitución y siete de la Carta Europea de Derechos Humanos, y ha sido presentada por la defensa que ejerce el letrado Jordi Pina a los efectos de eventual recurso de amparo y posterior demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Los abogados de Sánchez, Turull y Rull, condenados a 9 años, 12 años y 10 años y seis meses y 12 años de cárcel respectivamente, han argumentado en su escrito que, a fin de garantizar la imparcialidad de la Sala en la resolución de este incidente de nulidad, debería garantizarse que "la composición personal del Tribunal sea distinta de aquella que celebró el juicio oral".

Lo que para esta parte supone una falta de congruencia entre los hechos ocurridos en Cataluña en otoño de 2017 y la condena impuesta "solo parece poder explicarse desde la voluntad de escarmentar a los máximos líderes políticos y sociales del movimiento independentista con castigos que nada tienen que ver con la gravedad real de los hechos a cuya comisión indujeron a los ciudadanos", añaden los escritos.

Los incidentes presentados llaman también la atención sobre el hecho de que, dos años después de los hechos, no existe constancia de que ningún votante haya sido procesado por sedición por los hechos del 20 de septiembre o del 1 de octubre. Según las defensas de los dirigentes independentistas no se puede mantener que los ciudadanos actuaran como meros instrumentos totalmente "abducidos" por los acusados.

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