La Fiscalía ha solicitado siete meses de prisión para la activista independentista de los CDR Tamara Carrasco por un presunto delito de distribución o difusión pública de consigna que incite a la comisión de un delito de desórdenes públicos. En el escrito de calificación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público atribuye a Carrasco "funciones de coordinación de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR)" y considera que impartió directrices para acciones de reivindicación durante la Semana Santa de 2018.
El fiscal indica que, "de conformidad con las consignas lanzadas por la acusada" a través de un mensaje de audio difundido en Whatsapp, la noche del 26 de marzo y durante toda la jornada del 27 de marzo de 2018, una multitud de personas realizó cortes de autopista y carreteras, y protestas en Barcelona. En el audio, Carrasco explica distintas acciones de protesta y sabotaje planeadas por los CDR en carreteras y asegura: "La consigna es que entre hoy y mañana hacer hervir la olla para que haya un movimiento en las calles y justificar la huelga general".
También comenta otras propuestas pendientes de ser acordadas para una huelga general independentista, como protestar en el Aeropuerto de Barcelona, Mercabarna y el Puerto barcelonés. "Sería brutal porque dejaríamos sin suministros a las Baleares, los chinos se cabrearían, muchas mercancías, como por ejemplo, la Seat, que transporta los coches en barcos, y todo o que son entrada de mercancías procedentes de la península y puertos de Europa", afirmó sobre el Puerto.
La Fiscalía asegura que, presuntamente siguiendo directrices de Carrasco, muchas personas se movilizaron los citados días de marzo de 2018 "haciendo uso de neumáticos quemados previo uso de aceite tal y como indica la acusada, para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y destinados en todo caso a perturbar la convivencia y el normal desarrollo de la vida de las personas que vivían o transitaban en o por las zonas afectadas".
El Ministerio Público cita cortes realizados por los CDR en la A-2 en la provincia de Lleida, en la AP-7 en La Jonquera y otros municipios de Girona, en la N-340 en el sur de Tarragona y en las avenidas Meridiana y Diagonal de Barcelona, donde también hubo protestas en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social y en la estación de Sants.
El proceso judicial
La Fiscalía ha presentado el escrito al Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona, que es el encargado del caso después de que llegara a los juzgados decanos provinciales de Cataluña desde el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que se inhibió en noviembre de 2018 al rechazar investigar a Tamara y Adrià Carrasco por un supuesto delito de terrorismo.
Este mismo juzgado barcelonés levantó en mayo de 2019 la medida cautelar dictada por la Audiencia Nacional que prohibía a Tamara Carrasco salir de su municipio, Viladecans (Barcelona), después de más de 13 meses. Esta medida cautelar fue impuesta a Carrasco el 12 de abril de 2018, tras ser detenida en una operación policial el mismo mes como presunta cabecilla de los CDR.
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