El presunto espionaje del Gobierno a más de 60 dirigentes, activistas y abogados vinculados al independentismo ha provocado una crisis política que puede llegar a poner en jaque la continuidad del Sánchez al frente de Moncloa. El malestar en Cataluña tras saltar a la esfera pública el caso Pegasus ha ido creciendo en los últimos días, hasta el punto de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, llegó a avisar al Gobierno central de que "podría llegar a caer" si no depuraba responsabilidades. Tras expresar este sábado su disconformidad con las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Ejecutivo central ha decidido dar un paso más allá y ha anunciado que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, viajará este domingo de urgencia a Barcelona para reunirse con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrá, en el Palau de la Generalitat, con el fin de buscar una solución al cabreo de ERC, pieza clave para garantizar la legislatura.
Fuentes gubernamentales han precisado a este medio que para el Gobierno "es muy importante seguir manteniendo la misma voluntad de diálogo que se ha venido practicando hasta ahora con el Govern de Catalunya desde que Pedro Sánchez es presidente" y aseguran que ha habido interlocución entre el Gobierno y la Generalitat a lo largo de los últimos días, que han dado lugar a celebración del encuentro que tendrá lugar este domingo "para continuar con el diálogo". La reunión, que está prevista para las 10:00 horas, se ha dado a conocer después de que los grupos parlamentarios que apoyaron la investidura hayan exigido la creación de una Comisión de Investigación en el Congreso para aclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades, algo que también respaldan desde Unidas Podemos, ya que el programa con el que presuntamente fueron atacados los teléfonos lo vende Israel solo a los gobiernos.
"Es importante recordar de dónde venimos y dónde estamos en las relaciones entre el Govern de Catalunya y el Gobierno de España para darnos cuenta de que ese es el camino a seguir: cooperación institucional y diálogo. Los catalanes, en particular, y toda España lo agradecerán", comentan las mismas fuentes. Dicho encuentro se da a conocer después de una mañana de intensos recados a través de los medios entre miembros del Ejecutivo central y Cataluña. Uno de ellos ha sido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, quien ha dicho que "no hay alternativa al diálogo" y ha recordado que Robles, dará explicaciones en el Congreso sobre el presunto espionaje a líderes independentistas. "Fuera del diálogo no hay política y fuera de la política no hay solución", ha declarado, mientras insiste en que se ha intentado normalizar la vía de diálogo con Cataluña.
Esta cita representa un intento por parte del Gobierno de rebajar la tensión de los últimos días en el seno del Govern. Además de Aragonès, el enfado también es evidente en otros miembros como la presidenta del Paralment, Laura Borràs, que ha dado un paso más allá y directamente ha exigido dimisiones. "Hay gente que pide explicaciones, creo que hay que ir mas allá, después de explicaciones tiene que haber consecuencias, y estas consecuencias políticamente se llaman dimisiones", ha afirmado que reclama "no normalizar prácticas execrables" como el espionaje a rivales políticos. Coincide con ella, el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien ha lanzado un recado a Sánchez y le recuerda que en otros casos similares de espionaje en el pasado hubo dimisiones. "Es evidente que cuantas más horas pasan sin que se asuman responsabilidades, más difícil tiene el Gobierno reconstruir la confianza perdida ante la sociedad catalana, los demócratas españoles y los medios internacionales de prestigio", ha añadido.
Los independentistas apuntan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como presuntos responsables de citado espionaje. En este contexto, se da la circunstancia de que el Gobierno no ha logrado activar en estos dos años la comisión de secretos del Congreso de los Diputados, con PP, Cs y Vox en contra, y, por tanto, no ejerce el control parlamentario sobre el uso de fondos reservados y sobre las actividades de los servicios de inteligencia de España. Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. Los elegidos, uno por cada grupo del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la citada comisión, que dirige la presidenta de la Cámara, actualmente Meritxell Batet.
Pero llegar a esos 210 votos resulta muy complicado porque requiere de apoyos mutuos entre los grupos parlamentarios, y el clima político no parece propicio. Así, para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), EH Bildu e incluso la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede lograr ese mínimo de 210.
JxCat no dan por válido el viaje a Barcelona
JxCat ha recibido con confusión la noticia y explican a Efe que "no dan por válida" la visita de Bolaños a la ciudad condal, después de que Aragonés congelase las "relaciones políticas". "Para Junts en el Govern, el único anuncio que esperamos del Gobierno español es la apertura de una investigación sobre el espionaje", ha remarcado en un comunicado JxCat, uno de los dos socios de la coalición de gobierno en Cataluña. JxCat ha querido marcar así el terreno a ERC, formación a la que pertenece la consellera Vilagrà, mano derecha de Aragonès en el Govern. Para la formación, mientras no se anuncie una investigación sobre el caso, consideran que las políticas bilaterales deberían quedar en suspenso.
En esta línea, la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha dicho este sábado que el presunto espionaje a líderes independentistas es un tema "suficientemente delicado como para entrar en la política el pim pam pum" y ha pedido que primero se investigue. Ha considerado que el presunto espionaje es intolerable y que estará al lado de iniciativas que busquen aclararlo, pero ha querido dejar claro que "no es un conflicto entre el Gobierno y la Generalitat, sino entre el estado profundo y el estado de derecho", señalando que se están produciendo contactos discretos entre ambos ejecutivos. Ante la petición de dimisiones por parte de la presidente del Parlament, Laura Borràs, la dirigente de los comuns ha afirmado que "es la única persona imputada por presunta corrupción y tendría que ser prudente".
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