Los días previos a la aprobación del artículo 155 de la Constitución en el consejo de ministros del pasado sábado han sido escenario de una intensa lucha de poder entre dos facciones enfrentadas en el Gobierno. El ala dura del Ejecutivo, que se agrupa en torno a María Dolores de Cospedal, llevaba tiempo reclamando la aplicación de severas medidas contra Puigdemont, Junqueras y el resto de consejeros de la Generalitat. Lo venían pidiendo incluso antes del referéndum del 1-O. Este es el relato de lo ocurrido en el Gobierno de Rajoy durante las jornadas previas a la aplicación del 155 en Cataluña.
El consejo de ministros se ha partido en dos bloques durante la gestión del 155, según explican a La Información fuentes conocedoras de esta división. Se trata de las dos facciones históricamente enfrentadas: por un lado, la que se agrupa en torno a Soraya Sáenz de Santamaría (a quien secundan Fátima Báñez y, más apartado, Cristóbal Montoro) y, por otro, los ministros que se sitúan en el entorno de Cospedal (a saber: Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalá, Dolors Montserrat e Isabel García Tejerina). Todo ello con Rajoy en medio escuchando las informaciones y opiniones de unos y otros.
La división se remonta a los días previos al 1-O. En ese momento, desde vicepresidencia se trasladó al Gobierno la idea de que el referéndum no se iba a celebrar, mensaje que el propio Rajoy pronunció en público. Sin embargo, la información que tenía el bando de Cospedal no era la misma. Fuentes de esta facción explican que, según lo que estaba trasladando la Guardia Civil a Interior, los independentistas tenían todo organizado para celebrar ese día una votación. Ante esos datos, los llamados "cospedales" pidieron en el seno del consejo de ministros la aplicación del artículo 155 para evitar el 1-O. El Gobierno, sin embargo, decidió esperar.
Algo similar ocurrió tras el pleno de los días 6 y 7 en el Parlament en el que se aprobó la Ley de Transitoriedad. Mientras desde los conocidos como "sorayos" se tenía claro que no había ningún viso de legalidad, los "cospedales" reclamaron aplicar el 155 ante un incumplimiento tan flagrante de la Constitución. "Ya entonces hubiera estado justificado", afirman.
Rivera estaba robando votos al PP
La situación interna en el PP también ha contribuido a elevar la tensión en el Gobierno. El partido ha sido una olla a presión durante estas semanas, según confirman fuentes cercanas a la dirección, con unas bases que pedían la aplicación del 155 de manera contundente. Pero Moncloa no movía ficha y Ciudadanos aprovechaba la coyuntura para pedir una decisión quirúrgica. Así, en la cúpula del PP se estaba viendo con cierta alarma cómo el partido de Albert Rivera estaba subiendo en los sondeos a costa de los populares. La conclusión de los llamados "cospedales" ante la inacción fue clara: "Nos íbamos a los 110 diputados".
Otro hecho que provocó inquietud en el consejo de ministros fueron las palabras de Enric Milló, delegado del Gobierno en Cataluña y hombre de Sáenz de Santamaría, de pedir disculpas por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la jornada del 1-O. El revuelo que provocaron sus declaraciones fue importante en el Ejecutivo, según fuentes cercanas al mismo. La respuesta vino de forma inmediata por parte de Zoido, que alabó la labor de policías y guardias civiles, y del propio Rajoy, que reafirmó al ministro del Interior evitando así quejas en unos agentes que se habían sentido ofendidos por Milló.
"Dimos imagen de debilidad durante un tiempo", se queja uno de estos miembros del clan cercano a Cospedal que pidió en todo momento un 155 duro. Así, mientras Puigdemont y su Gobierno consumaba su reto al Estado, la sensación que daba el Gobierno de Rajoy era la de actuar a remolque de los acontecimientos, sin iniciativa, cuestión que también es achacada a los llamados "sorayos". Por eso, cuando el pasado sábado se decidió aplicar un 155 contundente, la sensación con la que quedaron los "cospedales" fue de alivio. Para ellos era como una victoria en el desafío más importante que tiene el Estado.
Fuentes cercanas a Sáenz de Santamaría consultadas por La Información restan importancia a estas críticas. Dicen que "hablar a posteriori es muy fácil" y destacan que lo importante en este caso es que el Gobierno ha actuado con proporcionalidad en todo momento.
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