Que vayan a celebrarse unas elecciones en plena tercera ola de coronavirus ha ocasionado una disputa política sin precedentes que finalmente ha resuelto la Justicia. En Cataluña habrá urnas el 14 de febrero porque así lo han determinado los jueces. Eso es lo único que parece seguro. Lo que no está tan claro es que la jornada, que ya de por sí será extraña, pueda desarrollarse con total normalidad desde el principio. El miedo al contagio en medio de la crisis sanitaria ya ha provocado la respuesta de quienes han sido designados para formar las mesas electorales, que han empezado a movilizarse para evitar participar y no exponerse al virus. Algo que no está solo motivado porque la Covid esté descontrolada; también porque entrarán en contacto con positivos que podrán ejercer su derecho a votar. Y aunque se asegura que se les proporcionarán equipos de protección, no se fían.
Este rechazo a ser presidentes y vocales en los colegios el domingo de la próxima semana está cuantificado en las impugnaciones de quienes han recibido la citación de la Junta Electoral. Ya hay más de 16.000 reclamaciones de aquellos que alegan que no pueden acudir por distintos motivos a una cita a la que obliga la ley. El plazo para hacerlo es de siete días desde que se recibe la comunicación. Pero las cifras muestran que los seleccionados no han querido agotar ese tiempo para emitir su recurso o disconformidad. El problema es que algunas de las solicitudes para ser eximido de pasar todo el día vigilando el proceso electoral son tan complejas que Juntas Electorales como la de Barcelona ya han reclamado el análisis de médicos forenses para que las revisen.
El presidente de la Junta Electoral de Barcelona, Santiago García, ha asegurado en declaraciones a varios medios que "todo se está exagerando" y que espera un día lo más normal posible. Pero a la vez ha admitido que el miedo puede llevar a que decenas o cientos de ciudadanos que están obligados a encargarse de las mesas decidan no presentarse a las 8 de la mañana del 14 de febrero. Por ello ha recordado que hay consecuencias para los que opten por esta decisión en el caso de que se desestime su impugnación. Las penas de multa van de los seis a los 24 meses y se contempla la posible condena a prisión de entre uno y tres años. De hecho, García ha llegado a definir como "la cara" el posible contagio y la "cruz" estas sanciones por no acudir a la convocatoria.
Con todo, la ley electoral tiene mecanismos para solventar esta falta de quorum que puede llegar a producirse. Para empezar, librarse de la mesa solo está justificado por motivos como cuidar de menores cuando otra persona no pueda encargarse de ellos, la atención a dependientes o asuntos profesionales, que afectan a policías, bomberos o periodistas. Si llegara el caso de que no hay personal suficiente en la mañana del 14-F, la legislación es clara: le puede tocar encargarse de la mesa a los primeros que acudan a votar. Aunque esta posibilidad entraña aún más dificultades, debido a que en las primeras horas está previsto que vayan a participar los contagiados o contactos estrechos de los mismos, por lo que la Junta Electoral ha decidido que sea el Govern catalán en funciones el que tome las decisiones para garantizar el buen discurrir de las elecciones.
Los partidos por el momento no se han dado por aludidos ante esta problemática. En plena campaña -que está subiendo de tono por las acusaciones de corrupción que se lanzan los partidos independentistas o el cuestionamiento de la figura de Salvador Illa por los pactos que pueda llevar a cabo- los líderes políticos no han hecho especial hincapié en esta cuestión. Hasta ahora su mayor preocupación es la abstención, que se prevé alta por el mismo motivo de los que no quieren estar toda la jornada en las mesas.
Un 70% las habría retrasado, según Dym
Estos obstáculos para el desarrollo normal del día de las elecciones es algo que ya contemplaban los electores: más del 70% las habría aplazado, como planteó el Govern que forman ERC y JxCat. Así lo señala el sondeo de Dym para Henneo-La Información, que recoge hasta un 70,3% de encuestados que habría optado por cambiar los comicios a otra fecha más propicia. Tan solo un 22,8% está a favor de llevarlas a cabo y un 6,9 no sabe o no contesta. Algo que comparten mayoritariamente los votantes, salvo en el caso de los del PSC y Ciutadans, entre los que hay más división de opiniones.
Aun así, una mayoría tiene previsto acudir a ejercer su derecho al sufragio. La encuesta de DYM prevé que un 54,3% vaya a sus colegios electorales, circunstancia en la que son mayoría los que se identifican con JxCat o la CUP, lo que explica que la mayoría de los que tienen claro que participarán tenga un sentimiento catalanista muy acentuado. Los que están a punto de descartar forma parte de la jornada o ya han decidido que lo harán son el 21,4%, gran parte afín a las marcas catalanas de Ciudadanos y Podemos.
Por otra parte, una gran mayoría, el 85,9%, estima que los intereses políticos han inclinado la balanza a favor de mantener la convocatoria. El resultado es tan abrumador que solo el 6,5% cree que han imperado criterios de salud pública para continuar con el plan establecido el 14-F, posición que comparten los votantes de todas las formaciones, como muestra el sondeo.
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