ERC prepara una querella por 'Pegasus' y avisa de que "llegarán hasta el final"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, avanza que tiene previsto presentar una querella en las "próximas semanas" por el caso del supuesto espionaje político a través del sistema Pegasus, respecto al que ha avisado al Gobierno de que "la estabilidad parlamentaria es muy difícil si no se asumen responsabilidades". En una entrevista con 'elDiario.es', Aragonès ha explicado que los equipos jurídicos están "estudiando las vías judiciales que se podría abrir para llegar hasta el fondo del asunto", ya que se trata de un caso "complejo", pero ha confirmado que él llevará su caso ante la justicia, en la línea de otros dirigentes independentistas.

"Estamos trabajando para presentarlas (las querellas) en las próximas semanas", ha señalado el presidente catalán. "Vamos a llegar hasta el final, a usar todos los medios de defensa legal a nuestro alcance, porque se han vulnerado derechos básicos", ha aseverado Aragonés, que denuncia: "Nos están diciendo que los derechos fundamentales son incompatibles con la unidad de España". El también coordinador general de ERC ha advertido al Ejecutivo central de que "la estabilidad parlamentaria es muy difícil que pueda continuar si no se asumen responsabilidades" por parte de Moncloa.

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"Lo más importante es la asunción de responsabilidades y que se lleve a cabo una comisión de investigación con todas las garantías en el Congreso. A partir de ahí, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demostrado su incapacidad para gestionar una situación de este tipo", ha señalado Aragonès. El mandatario catalán ha considerado que se deben "restaurar las condiciones mínimas de confianza para llegar a acuerdos", también en la mesa de diálogo Estado-Generalitat, ahora congelada: "Nosotros no nos vamos a levantar nunca de la mesa, pero es imprescindible, si se quiere que la mesa avance, que se den unas condiciones, que no dependen ahora del Govern de Cataluña, sino del Gobierno".

A la pregunta de si cree que España no es una democracia, ha considerado que tiene déficits democráticos importantes y que no se ha visto en ninguna democracia un caso de espionaje de estas características: "Los demócratas de España deberían ser los primeros interesados en aclarar estos hechos e ir hasta el final. La reputación de España está dañada por este caso", ha añadido. Y reconoce que la última vez que habló con el presidente Pedro Sánchez, fue  "hace ya bastante tiempo" aunque la semana pasada intercambiaron algunos mensajes, y añade que aún no hay un calendario fijado para su próximo encuentro.

Para Aragonès, las medidas anunciadas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, son insuficientes y superficiales, y asegura que "lo peor no es solo la explicación de lo que se hizo en el pasado sino la gestión que se ha hecho hasta el momento", y reclama una comisión de investigación con todas las garantías en el Congreso. Ha reiterado que es un caso de espionaje "no solo al independentismo, sino a las instituciones de Catalunya" y critica que se haya podido acceder a imágenes personales, a información de cuentas bancarias, a mensajes personales y a conversaciones con instituciones y sociedad civil.

Respecto a la mesa de diálogo, asegura que ha apostado por restaurar las condiciones mínimas de confianza para volver a preparar una reunión entre Generalitat y Gobierno: "El proceso de negociación debe continuar, pero deben darse las condiciones para que ocurra. Negociar cuando has sido espiado no invita a avanzar en acuerdos". Preguntado por si la presidenta del Parlament, Laura Borràs, debería dimitir cuando se confirme la fecha de su juicio por su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha abogado por evaluar primero el contenido del auto de procesamiento y "a partir de aquí los grupos deberán valorar el contenido para ver las razones que hay para poder llevar" a Borràs a juicio. Para Aragonès, el caso del que se acusa a Borràs es muy diferente de los casos que según él han sufrido algunos líderes independentistas, y el de Borràs no se puede equiparar con el de "gente perseguida por el 1 de octubre o por su vinculación a las políticas de acción exterior de la Generalitat".