La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eza Bozena Kopacz. ha trasladado este viernes al pleno del Parlamento Europeo que el Tribunal Supremo español ha pedido a la institución comunitaria el levantamiento de la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, dando así inicio a un proceso que se prolongará meses.
El siguiente paso es que el asunto llegue a la comisión de Asuntos Jurídicos, que se reúne este jueves pero que no podrá tratar el suplicatorio contra los dos políticos independentistas. Las próximas reuniones de esta comisión serán los días 27 y 28 de enero, según Efe.
Lo primero que hará la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara será nombrar al ponente que elaborará el informe que será sometido a votación, tanto en la comisión como después en el pleno. El ponente no podrá ser un eurodiputado español.
El caso se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o puede designar a otro eurodiputado para representarle.
Recurre la decisión de Llarena
El expresident de la Generalitat ha recurrido la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de solicitar el suplicatorio para suspender su inmunidad como eurodiputado en el Parlamento Europeo. Ante la decisión del TS, que busca poder continuar procediendo penalmente contra el líder independentista, Puigdemont ha vuelto a mover ficha y ha argumentado que Llarena ya no tiene competencia para ello dado que el líder independentista, huido en Bélgica y procesado por los delitos de sedición y malversación, renunció en su momento a su escaño en el Parlament, por lo que ya no cumple con la condición de aforado.
Según el escrito de 53 páginas, que se ha presentado este mismo miércoles ante el propio juez del Supremo y al que ha tenido acceso Europa Press, solicita que "declare su incompetencia para conocer de esta causa" y anule todas las actuaciones efectuadas con posterioridad a la renuncia del escaño en el Parlament de Cataluña. En este sentido, solicita que remita las actuaciones al juzgado de instrucción de Barcelona que por tuno de reparto corresponda.
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